El tablero político del país se vuelve a sacudir con un nuevo movimiento del Gobierno Petro: la radicación de una ponencia alternativa para la reforma laboral. Esta vez, el documento llega al Senado respaldado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y liderado por la senadora Aída Avella del Pacto Histórico. La propuesta no parte de cero; recoge elementos del articulado que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes y, además, incorpora las demandas surgidas de la fallida consulta popular sobre trabajo y derechos laborales.
En un país marcado por la informalidad, el desempleo juvenil y las brechas salariales, cualquier discusión sobre reformas laborales se convierte en terreno fértil para la controversia. Esta nueva ponencia, radicada ante la Comisión Cuarta del Senado, busca reactivar un debate que ha estado estancado por la resistencia de gremios económicos y sectores conservadores, que ven con recelo algunas de las transformaciones propuestas.
El nuevo texto, según palabras de la propia senadora Avella, “promueve cambios reales para el pueblo trabajador y sus derechos”. El objetivo, en esencia, es fortalecer el empleo digno, combatir la tercerización abusiva y devolver el protagonismo a los contratos laborales estables. También se plantea una actualización de los principios que rigen la jornada laboral, la negociación colectiva y las garantías para trabajadores del sector rural y de plataformas digitales.
Pero, como es costumbre en la política colombiana, las intenciones no bastan. Esta ponencia alternativa llega en un momento en el que las mayorías legislativas están fragmentadas y el margen de maniobra del Ejecutivo es cada vez más estrecho. Las tensiones internas dentro del Congreso, sumadas al escepticismo del empresariado, podrían nuevamente dilatar o incluso frustrar la aprobación de la reforma.
Detrás de los tecnicismos legislativos, lo que está en juego es una visión de país. ¿Debe Colombia modernizar su legislación laboral para proteger mejor a quienes hoy trabajan sin garantías mínimas? ¿O corre el riesgo de poner en jaque la estabilidad del aparato productivo con normas que algunos consideran demasiado rígidas para el contexto económico actual? La ponencia alternativa no evade esas preguntas, sino que las pone sobre la mesa con mayor contundencia.
El Gobierno, por su parte, parece estar dispuesto a jugársela una vez más por lo que considera una deuda histórica con los trabajadores. Pero lo hará en medio de una coyuntura económica desafiante, donde la inversión privada se mueve con cautela y el mercado laboral aún no se recupera plenamente del golpe post pandemia. En ese contexto, las promesas de dignidad deben ir acompañadas de propuestas viables y responsables.
El reto será lograr un equilibrio entre progreso social y sostenibilidad económica. Una reforma laboral que no dialogue con la realidad empresarial corre el riesgo de convertirse en letra muerta; pero una que ignore las necesidades del trabajador colombiano perpetúa un modelo desigual. Por eso, más que un enfrentamiento entre bandos, lo que necesita esta reforma es una discusión franca, técnica y profundamente ética.
Hoy, el Senado tiene en sus manos una oportunidad para dar un paso hacia un modelo laboral más justo y humano. La ponencia alternativa puede ser el punto de partida. El desenlace, como siempre, dependerá de la voluntad política de construir consensos que no le den la espalda al país real: ese que madruga, trabaja en la informalidad y aún sueña con un contrato que le garantice algo más que sobrevivir.