El presidente Gustavo Petro se encuentra en una encrucijada política y jurídica que podría definir no solo el rumbo de sus reformas, sino también las posibilidades de su reelección en 2026. La consulta popular que pretende convocar no es solo una herramienta para impulsar sus propuestas en temas laborales y de salud, sino también una carta en su estrategia para asegurar la victoria en las urnas dentro de tres años. Sin embargo, el camino hacia la realización de esta consulta está plagado de obstáculos legales, políticos y económicos que podrían frustrar su intento, como ya ocurrió en ocasiones anteriores con otras iniciativas de alto impacto.
El proceso que el mandatario ha propuesto es complejo, no solo por la enorme carga política que conlleva, sino también por las estrictas condiciones legales que deben cumplirse. Según la legislación vigente, para que la consulta tenga validez, es necesario que participen al menos 13,6 millones de colombianos, es decir, un tercio del censo electoral. Una cifra nada despreciable, sobre todo cuando se recuerda que en las pasadas elecciones de 2022, Petro logró algo más de 11 millones de votos, lo que implica que ahora necesita movilizar a más de 2 millones de personas adicionales para que su propuesta sea legítima. Sin embargo, el panorama no parece tan sencillo, ya que la participación en consultas previas ha sido notoriamente baja, lo que pone en duda la viabilidad de este proyecto.
Por si fuera poco, el costo del proceso también es un factor crítico. Las estimaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) indican que una consulta popular de este calibre podría demandar alrededor de 400.000 millones de pesos, una cifra astronómica en tiempos de estrechez fiscal. El Gobierno, que hace apenas unos meses presentó un plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, se enfrenta ahora a la paradoja de tener que destinar una cantidad considerable de recursos para financiar una consulta que, además de ser costosa, podría no alcanzar el umbral de participación necesario para ser válida. Este desajuste entre los compromisos financieros y la urgencia política es solo uno de los múltiples retos que enfrenta Petro.
A nivel político, la resistencia de los sectores de oposición es clara. Senadores como Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, ya han manifestado su intención de frenar la consulta en el Congreso. Motoa, quien se ha erigido como uno de los principales voceros del bloque opositor, advierte que la consulta es innecesaria y que el Gobierno debería concentrarse en el debate legislativo de las reformas en el Congreso, que ya se encuentran en proceso. Para los opositores, convocar a una consulta mientras se avanzan los trámites legislativos resulta incoherente, lo que podría generar más confusión en la ciudadanía y obstaculizar las verdaderas discusiones sobre las reformas necesarias.
Este tipo de iniciativas, como la consulta popular que Petro propone, suelen convertirse en “globos de ensayo” que buscan sondear el apoyo de la ciudadanía antes de tomar decisiones trascendentales. Sin embargo, el riesgo de que se diluyan en el tiempo es alto, tal como ocurrió con la fallida propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2024. En ese caso, lo que comenzó como una promesa de transformación profunda terminó siendo solo una propuesta vaga y sin concretar. Los detractores del Gobierno temen que lo mismo ocurra con la consulta popular, que podría quedar en un anuncio vacío si no se logran los consensos necesarios en el Congreso o si la participación ciudadana no es la esperada.
A lo largo de su mandato, Petro ha intentado usar distintos mecanismos para movilizar a la opinión pública, pero la consulta popular podría ser su mayor apuesta en términos de impacto. En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha expresado con optimismo que el Gobierno está listo para “jugarse” por la consulta, a pesar de las dificultades. Sin embargo, esta actitud confiada debe ser puesta en perspectiva, ya que el proceso no solo depende del apoyo del Ejecutivo, sino también de la capacidad de movilizar a una población cada vez más desencantada con los procesos políticos tradicionales.
Una vez más, la falta de confianza en el sistema electoral y en las promesas políticas de los gobernantes podría jugar en contra de las aspiraciones del presidente Petro. Si bien el umbral de participación es una barrera importante, la abstención electoral también juega un papel fundamental en el panorama. En Colombia, más de la mitad de los ciudadanos no participa activamente en las urnas, lo que podría agravar aún más la situación del Gobierno si no se consigue involucrar a la suficiente cantidad de votantes para garantizar la validez del proceso.
Finalmente, la consulta popular se presenta como una jugada estratégica, pero también arriesgada. La falta de un plan claro y una estructura sólida para asegurar su éxito podría significar un fracaso político de proporciones. A medida que se aproxima el 2026, la consulta podría quedar en el olvido, tal como ocurrió con tantas otras promesas previas del Gobierno, o bien convertirse en un hito que marque el inicio de una nueva etapa en la política colombiana. Solo el tiempo dirá si el presidente Petro ha acertado en esta jugada o si, una vez más, el globo se desinflará antes de alcanzar su destino.