La política local en Colombia atraviesa uno de sus momentos más delicados, en medio de un contexto nacional marcado por la polarización y los retos estructurales de seguridad y gobernabilidad. Recientemente, el presidente Gustavo Petro provocó un fuerte revuelo al calificar de “alcalduchos” a ciertos mandatarios locales durante su intervención en las movilizaciones del 18 de marzo. Esta declaración no solo encendió el debate público, sino que también fue rechazada de manera categórica por la Federación Colombiana de Municipios, que agrupa a miles de alcaldes en todo el país. Para muchos, estas palabras de Petro descalifican el trabajo fundamental que realizan los mandatarios locales, quienes, desde sus territorios, luchan contra problemas tan complejos como la inseguridad y la pobreza.
La respuesta de la Federación fue tajante. En un comunicado, señalaron que las palabras del presidente ignoraban la legitimidad democrática de los alcaldes, quienes son los líderes más cercanos a la gente. De acuerdo con la organización, los mandatarios locales enfrentan cotidianamente desafíos enormes, como amenazas de grupos armados y situaciones de vulnerabilidad que les exigen una constante resiliencia. De esta forma, las críticas del presidente no solo fueron interpretadas como un ataque a la dignidad de los alcaldes, sino como un peligroso debilitamiento de la institucionalidad en los municipios, que es fundamental para la estabilidad del país.
Más allá del intercambio de palabras, lo cierto es que la tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales refleja una problemática profunda que atraviesa a Colombia: la falta de una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de gobierno. Mientras que el presidente Petro ha insistido en que su administración busca una transformación profunda del país, especialmente en lo relacionado con la justicia social, no han faltado las críticas sobre su relación con los gobernantes locales, quienes son los encargados de hacer realidad las políticas públicas en el día a día de la ciudadanía.
En su discurso, Petro acusó a los alcaldes de “pisotear la Constitución” y de no respetar los derechos fundamentales, como el derecho a la protesta. Sin embargo, muchos de los alcaldes que se sienten aludidos sostienen que la crítica generalizada no es justa. Según argumentan, ellos son los encargados de gestionar las soluciones para los problemas más urgentes de la población, como el desempleo, la falta de servicios básicos y la inseguridad. Por ello, una descalificación a su labor no solo debilita su capacidad de gobernar, sino que también afecta la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.
La labor de los alcaldes nunca ha sido sencilla, especialmente en un país donde los niveles de violencia y criminalidad continúan siendo altos. En varias regiones de Colombia, los mandatarios locales enfrentan constantes amenazas por parte de actores ilegales que buscan imponerse a las autoridades legítimas. En este contexto, cualquier mensaje que desdibuje la autoridad de los alcaldes puede resultar perjudicial, pues alimenta la sensación de que el Estado no tiene el respaldo necesario para proteger a quienes, en muchos casos, son la primera línea de defensa frente a la violencia y el desorden.
Lo que está en juego no es solo la imagen de los alcaldes, sino también la efectividad de las políticas públicas en los territorios. En un país tan diverso y con tantas realidades diferentes, los mandatarios locales tienen la capacidad de adaptar las políticas nacionales a las necesidades específicas de sus comunidades. Sin embargo, cuando su autoridad se ve cuestionada o descalificada, su capacidad de implementar cambios en sus municipios se ve seriamente comprometida.
Es necesario que tanto el Gobierno Nacional como los alcaldes reconozcan que el país necesita una relación de cooperación y respeto mutuo. Mientras que la administración de Petro tiene la responsabilidad de implementar reformas a nivel nacional, los alcaldes son los encargados de llevar esas políticas a las calles y hacerlas efectivas. En lugar de seguir sumidos en confrontaciones innecesarias, es imperativo que ambas partes trabajen en conjunto para enfrentar los desafíos comunes que afectan al país, como la inseguridad, la pobreza y la crisis económica.
La invitación de la Federación de Municipios es clara: “El país necesita alcaldes fuertes y respaldados, no caricaturizados”. Esta afirmación no solo es un llamado al respeto por la autoridad local, sino también una advertencia sobre las consecuencias que puede tener la desestabilización de las estructuras de poder en los territorios. El futuro de Colombia, en gran medida, depende de la capacidad de sus alcaldes para gestionar las necesidades de la población, y para ello es necesario que el gobierno nacional brinde su apoyo y respalde el trabajo que ellos realizan en sus comunidades.