La reciente renuncia de César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha generado un cúmulo de suspicacias y especulaciones sobre el futuro de la investigación que involucra la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El caso, que estaba a punto de resolverse con una probable sanción administrativa por superar los topes de campaña, ahora queda en el aire, con la posibilidad de que este giro inesperado en la composición del CNE cambie el rumbo de los acontecimientos. Lo que parecía ser una derrota inminente para la campaña de Petro podría transformarse en una oportunidad para el Pacto Histórico, generando un boquete que podría “engavetar” la investigación.
Antes de la renuncia de Lorduy, los votos estaban prácticamente contados, con una mayoría de 6-3 en favor de aplicar la sanción al Pacto Histórico. Este fallo, de haberse dado, habría sido un golpe simbólico para el gobierno de Petro, presionando a otras instituciones como la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones para actuar con más agilidad en los casos relacionados con la financiación de campañas. Sin embargo, la salida de Lorduy de la escena política altera todo el panorama, pues su reemplazo por un magistrado afín al Pacto Histórico podría modificar el balance de poder en el CNE.
En este contexto, el conteo de votos en el CNE podría pasar de 6-3 a 5-4, lo que implica que el consejo ya no podría tomar una decisión por mayoría simple. Según la normativa electoral, para tomar decisiones tan trascendentales, como el caso de la campaña de Petro, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del CNE. Es decir, el resultado del caso podría quedar empantanado, sin una conclusión clara y efectiva, lo que permitiría que la investigación se prolongue indefinidamente o incluso se archive sin sanciones.
La renuncia de Lorduy no solo abre interrogantes sobre la investigación, sino también sobre los motivos detrás de su salida. Oficialmente, el magistrado alegó que su decisión respondía a su interés en postularse al Congreso de la República, pero la versión que circula en los pasillos del Congreso y en los medios políticos apunta a influencias de la Casa de Nariño, que habrían solicitado a la familia Char en Barranquilla que gestionaran su renuncia. Esta vinculación de la Casa de Nariño con la renuncia de Lorduy alimenta las teorías de que esta movida tiene como objetivo frenar o retrasar el curso de la investigación que afecta a la campaña presidencial de Petro.
En el Congreso, las críticas no se hicieron esperar. Miembros de la oposición, especialmente desde el Centro Democrático, aseguraron que la renuncia de Lorduy era una jugada política para garantizar la impunidad en torno a las irregularidades de la campaña de Petro. El representante José Jaime Uscategui expresó que la renuncia podría significar la prescripción de la actuación administrativa en el CNE, lo que dejaría en el limbo el futuro de la investigación. Desde este sector, se pidió que la decisión sobre la vacante de Lorduy se tomara con transparencia y sin manipulaciones políticas que pudieran beneficiar al oficialismo.
Por otro lado, en el seno del Pacto Histórico, se da por hecho que el elegido para reemplazar a Lorduy sería el abogado Álvaro Echeverry, quien goza de una estrecha relación con Roy Barreras, actual embajador en Londres y una de las figuras más influyentes dentro del círculo de Petro. Echeverry tiene un historial en la campaña presidencial de Petro, donde desempeñó un papel clave en la estrategia de recuperación de votos perdidos y en la inscripción de jurados. Su llegada al CNE, según algunos sectores, podría equilibrar el tablero a favor del Pacto Histórico, lo que avivaría aún más las críticas de la oposición, que considera que la imparcialidad del consejo podría verse comprometida.
La disputa sobre quién debe ocupar la vacante de Lorduy ha generado un conflicto dentro del propio CNE y entre los partidos políticos. Mientras que los petristas argumentan que, conforme a las reglas de la elección de los magistrados, el siguiente en la lista debería ocupar el puesto, Cambio Radical sostiene que la vacante le corresponde a su partido, pues fue Lorduy quien representaba a esa colectividad. La controversia sobre este tema podría prolongar aún más la incertidumbre en torno a la composición del CNE y, en última instancia, sobre el futuro de la investigación.
La situación es aún más compleja cuando se observa el antecedente de 2019, cuando, tras la muerte del magistrado Heriberto Sanabria, la disputa por la vacante generó una controversia política y judicial. En ese entonces, el abogado Hollman Ibáñez luchó intensamente por quedarse con el cargo, lo que dejó en evidencia las tensiones internas dentro del CNE y la influencia de los partidos políticos en las decisiones del consejo. Este precedente aumenta las suspicacias sobre la transparencia del proceso actual y la posible manipulación del consejo en beneficio de ciertos intereses políticos.
En resumen, la renuncia de César Lorduy ha encendido una serie de alarmas dentro del escenario político colombiano, ya que no solo ha alterado la composición del CNE, sino que ha puesto en jaque la resolución de la investigación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. La controversia en torno a su salida y la posible llegada de Álvaro Echeverry al consejo han dejado claro que, en la política colombiana, las jugadas estratégicas pueden tener consecuencias significativas en el futuro de la justicia electoral. Todo apunta a que este caso continuará siendo un tema de debate y tensión en los próximos meses.