El debate en torno a la reforma laboral en Colombia ha entrado en una nueva fase: ahora no se trata de un solo texto, sino de dos propuestas que reflejan las tensiones entre el pragmatismo político, las exigencias del Gobierno y las demandas históricas de los trabajadores. Con la radicación de las ponencias lideradas por las senadoras Angélica Lozano y Aída Avella, el Congreso se prepara para una discusión que, lejos de estar zanjada, abre una compleja ruta de negociación.
La propuesta mayoritaria, respaldada por un bloque significativo de congresistas y con eco entre sectores empresariales, conserva un 80 % del articulado aprobado previamente por la Cámara de Representantes. Su enfoque es más gradualista y busca puntos medios en temas clave como la jornada laboral nocturna, el recargo dominical y los contratos flexibles. Su apuesta por una semana laboral de cuatro días —pactada entre empleador y trabajador— ha generado tanto entusiasmo como reservas.
Del otro lado, la ponencia del Gobierno, alineada con la visión del presidente Gustavo Petro y encabezada por Aída Avella, insiste en una transformación más estructural del modelo laboral. En su centro están la reivindicación de derechos laborales tradicionales y el fortalecimiento de figuras como el contrato sindical, hoy en el ojo del huracán por su uso irregular en algunos sectores. También propone una redefinición tajante del horario nocturno, que iniciaría a las 7:00 p.m. sin excepción.
Uno de los puntos más polémicos es el porcentaje de recargos para el trabajo en días festivos y domingos. Mientras la ponencia mayoritaria plantea un aumento escalonado hasta llegar al 100 % en 2027, la del Gobierno lo exige de inmediato. La diferencia, aunque aparentemente técnica, encierra una visión de fondo sobre cómo equilibrar las necesidades empresariales con la dignificación del empleo formal en el país.
La iniciativa contempla, además, un subsidio de conectividad para trabajadores remotos, reemplazando el tradicional auxilio de transporte. Esto responde a la realidad del trabajo híbrido y digital, que dejó de ser una novedad pandémica para convertirse en una modalidad permanente. También se incluyen ajustes al contrato de aprendizaje del Sena, buscando garantizar condiciones más sólidas para los estudiantes en formación técnica y tecnológica.
Aunque ambas ponencias reconocen que no se trata de una reforma que resolverá todos los problemas estructurales del mercado laboral —como el desempleo juvenil o la informalidad—, sí apuntan a corregir distorsiones históricas y actualizar la legislación a las nuevas dinámicas laborales. Sin embargo, el riesgo de que los desacuerdos políticos diluyen el avance es real.
El senador Juan Felipe Lemos ha sido enfático en señalar que la reforma, tal como está planteada, beneficiará principalmente a quienes ya tienen empleo formal. Una crítica recurrente que pone sobre la mesa el dilema de una legislación laboral que, por querer blindar derechos existentes, podría dejar por fuera a los millones de colombianos en situación de informalidad o desempleo.
A pocos días de que inicie el debate formal en el Senado, lo cierto es que ninguna de las ponencias tiene asegurada su aprobación. El pulso está servido y en juego no solo está una reforma laboral más, sino la visión de país que se quiere construir alrededor del trabajo digno. Como en toda encrucijada legislativa, las próximas semanas serán clave para saber si se impone el equilibrio político o la urgencia social. Lo que no puede pasar —otra vez— es que el país trabajador quede atrapado entre el ruido de las buenas intenciones y el silencio de la inacción.