Con cada día que pasa en el calendario legislativo, la reforma laboral del gobierno Petro enfrenta un adversario silencioso pero implacable: el tiempo. A menos de cinco semanas del cierre del actual periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, el proyecto más simbólico del programa laboralista del presidente vuelve a abrirse paso, esta vez en la comisión cuarta del Senado. Sin embargo, ni siquiera sus aliados más cercanos se atreven a prometer que logrará llegar a la meta.
El revivir de la reforma fue inesperado y estratégico. Durante la accidentada discusión sobre la consulta popular —otro de los frentes políticos del Gobierno—, el oficialismo logró que se aprobara una apelación al archivo del proyecto que, semanas atrás, había naufragado en la comisión séptima. Este giro procesal, aunque legal, desató tensiones dentro del Capitolio, donde la oposición no tardó en acusar al Ejecutivo de estar improvisando en sus prioridades legislativas.
La reforma laboral regresa, sí, pero en condiciones mucho más difíciles. Para avanzar debe superar el tercer y cuarto debate antes del 20 de junio. En medio hay puentes que deben tenderse con las mayorías legislativas, sectores empresariales que siguen sin respaldar el texto, y un ambiente político crispado, tras la caída de la consulta popular y la reciente renuncia de la ministra de Justicia. Aún con mensaje de urgencia, el margen es estrecho y las dudas múltiples.
El cambio de comisión tampoco es un asunto menor. Al llevar el proyecto a la comisión cuarta del Senado, tradicionalmente enfocada en temas económicos, el Ejecutivo evita el terreno adverso que encontró en la comisión séptima. Pero no es claro que en esta nueva cancha tenga todas las garantías de juego favorable. Varios senadores han señalado que la discusión exige una visión técnica que no se puede forzar ni acelerar sin generar más fracturas.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha hecho llamados reiterados al consenso y ha insistido en que esta versión de la reforma ha sido “ajustada” tras los diálogos con diferentes sectores. No obstante, la oposición sigue denunciando que no hubo suficiente concertación y que el proyecto mantiene artículos que afectan la flexibilidad laboral. La CUT y otras centrales obreras, por su parte, exigen su aprobación como una deuda histórica con los trabajadores.
Lo cierto es que, más allá de lo jurídico, la reforma ha sido utilizada como símbolo político. Para el Gobierno, representa el corazón de su narrativa progresista: dignificación del trabajo, reducción de la tercerización, y fortalecimiento del derecho colectivo. Para sus detractores, es una propuesta rígida, riesgosa para la pequeña empresa y poco viable en el actual contexto económico.
En el Congreso, donde las mayorías se mueven al ritmo de la coyuntura, muchos legisladores prefieren evadir los costos de un voto impopular a pocas semanas de una posible recomposición de fuerzas. Y con la consulta hundida, la agenda social del presidente Petro parece más debilitada que reforzada. El tiempo que le queda a la reforma no solo se mide en días, sino en capital político disponible.
Así las cosas, el camino de la reforma laboral no está del todo cerrado, pero tampoco despejado. Si algo ha demostrado este periodo legislativo es que en el Congreso nada está escrito, y que incluso los proyectos con más respaldo ideológico pueden terminar atrapados entre procedimientos, egos y relojes. La reforma laboral vuelve a escena, sí, pero el escenario ya no es el mismo, y la función podría no alcanzar a estrenarse.