La crisis en el sector arrocero de Colombia lleva más de una semana de protestas, cuando los cultivadores decidieron salir a las calles para exigir soluciones ante los precios que no garantizan la rentabilidad de su labor. Desde el 3 de marzo, los productores han demandado al Gobierno una serie de medidas urgentes que respondan a sus graves dificultades económicas. Con el precio de la carga de arroz en cáscara rondando los $185.000, lejos de los $220.000 solicitados como precio mínimo para cubrir costos y asegurar su rentabilidad, los arroceros temen que este panorama los deje al borde de la quiebra.
La manifestación, que tiene como base un pliego de 10 peticiones, refleja el hartazgo de los productores ante una situación que, aseguran, ha empeorado en los últimos meses. Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, explicó que el precio actual no solo cubre los costos de producción, sino que genera pérdidas significativas. Con un precio de $1,5 millones por tonelada en noviembre de 2024, y una caída a $1,4 millones en febrero de 2025, los productores ven cómo sus márgenes de ganancia se desvanecen, mientras los costos operativos continúan creciendo. La falta de rentabilidad está llevando a los cultivadores a un punto crítico, con deudas que se acumulan y con muchos quedándose al borde del colapso financiero.
La demanda de un precio mínimo de $220.000 por carga no es solo una petición sobre cifras, sino una solicitud que busca garantizar la supervivencia de miles de familias que dependen de este cultivo. Gutiérrez agregó que el sector ya ha experimentado una disminución drástica de los precios de compra, con una rebaja del 19% en relación con el año pasado. En este escenario, muchos productores sienten que las industrias arroceras han aprovechado su vulnerabilidad, dejando a los agricultores con escasos márgenes de utilidad y poniendo en peligro su capacidad de seguir operando de manera sostenible.
La situación se complica aún más cuando se analizan los problemas de acceso a crédito y las dificultades para manejar las deudas. Los cultivadores no solo piden un ajuste en los precios, sino también un alivio financiero que les permita afrontar las dificultades económicas. Los agricultores solicitan una reprogramación de sus deudas, con la posibilidad de una condonación parcial de capital y una reducción en los intereses. Además, proponen la apertura de líneas de crédito con tasas preferenciales, para garantizar que puedan seguir operando sin caer en el impago y en la pérdida total de sus tierras.
Por su parte, el Gobierno ha mostrado disposición para encontrar soluciones, aunque la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dejó claro que la salida no pasa por volver a subsidiar el almacenamiento del arroz. En su lugar, la ministra hizo un llamado a la necesidad de trabajar en la competitividad del sector. Según Carvajalino, es fundamental reducir los costos de producción y generar mecanismos que faciliten el acceso a créditos más económicos. De acuerdo con el Gobierno, la competitividad será clave para que el sector arrocero pueda enfrentar los desafíos actuales sin depender de subsidios.
Sin embargo, para los productores, la solución no está en la competitividad ni en la reducción de costos a largo plazo, sino en un alivio inmediato ante los precios insostenibles. La situación requiere acciones más concretas y urgentes, que permitan que los productores de arroz puedan cubrir sus costos sin caer en la ruina. El riesgo de perder el cultivo y la tierra, y de ver a la agricultura como una actividad cada vez más inviable, pone en duda el futuro del sector. Para muchos cultivadores, esta crisis no solo es económica, sino también una amenaza a su forma de vida.
El paro de los arroceros es un llamado de atención a las autoridades y a la industria sobre las serias dificultades que atraviesa este sector estratégico para la economía del país. Si bien las peticiones de los productores se centran en una mejora en los precios y en un alivio financiero, también es necesario pensar en el largo plazo y en cómo reestructurar el sistema productivo del arroz en Colombia, para que sea realmente competitivo y pueda enfrentar los retos del mercado global.
Mientras tanto, los días siguen pasando y las protestas continúan, con los agricultores decididos a que su voz se escuche. El futuro del arroz en Colombia depende no solo de las decisiones que tome el Gobierno, sino de la capacidad del sector para adaptarse y ser sostenible en un entorno donde los márgenes de ganancia son cada vez más estrechos. En este contexto, la solución podría estar en el equilibrio entre la ayuda inmediata y las reformas estructurales que garanticen la viabilidad del sector en el futuro.