Con la expedición del Decreto 0572 de 2025, el Ministerio de Hacienda de Colombia introdujo una serie de ajustes en materia tributaria que tendrán impacto inmediato sobre varios sectores económicos. Entre los cambios más relevantes están el aumento de las tarifas de retención en la fuente para la compra de oro, y la reducción de los topes mínimos para practicar retención en sectores como el agrícola, pecuario y de transporte. Lo que para el Gobierno es una medida de eficiencia fiscal, para empresarios y trabajadores representa una nueva carga.
El Ejecutivo argumenta que estos cambios buscan fortalecer el recaudo y mejorar la progresividad del sistema tributario. Según el decreto, al aumentar las autorretenciones en la fuente durante el año gravable 2025, los contribuyentes verán reducido el monto del anticipo que deberán pagar en 2026. Es decir, el ajuste se presenta como una redistribución del peso tributario en el tiempo, aunque en la práctica significa un mayor desembolso inmediato para muchas empresas y prestadores de servicios.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el umbral para practicar retención por prestación de servicios. Hasta ahora, este se aplicaba a pagos superiores a 4 UVT (alrededor de $190.000), pero con el nuevo decreto, ese tope baja a 2 UVT, lo que equivale a unos $95.000. En la práctica, esto amplía de forma significativa la base de contribuyentes afectados por la medida, incluyendo a trabajadores independientes y pequeños proveedores que antes estaban exentos.
También se introducen cambios sensibles en el sector agrícola y pecuario. Aunque se mantiene la tarifa del 1,5% para la adquisición de bienes o productos en este sector, el tope mínimo sobre el cual se aplica la retención baja de 92 UVT a 70 UVT, lo que representa una reducción de más de $1 millón en el umbral. En un contexto de informalidad rural y de dificultades logísticas, esta modificación podría convertirse en un desincentivo para los pequeños productores y comercializadores.
La compra de oro, por su parte, también sufrirá un ajuste en la tarifa de retención, una decisión que busca cerrar las brechas de evasión en un sector históricamente complejo para el control fiscal. Si bien el decreto no especifica el nuevo porcentaje en este punto, fuentes del Ministerio han señalado que se trataría de una medida para alinear los controles con estándares internacionales en la trazabilidad de este mineral.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como una decisión técnica y necesaria para mejorar el flujo de ingresos tributarios, no han tardado en llegar las voces críticas. Gremios de la producción, asociaciones de transporte y representantes del agro ya han advertido que la norma puede estrangular la liquidez de pequeños actores económicos que, además, no siempre cuentan con asesoría contable para entender las implicaciones prácticas de estos ajustes.
En un año en el que el Ejecutivo ha apostado por aumentar la inversión social y sostener el impulso de sus reformas estructurales, el Decreto 0572 aparece como una jugada arriesgada en medio de un clima de descontento creciente. La medida, aunque legalmente firme, abre un nuevo frente de debate sobre la sostenibilidad tributaria, el costo de hacer empresa y el delicado equilibrio entre recaudo y desarrollo.