En los pasillos de la política colombiana se susurran nuevos nombres, entrelazados con intereses privados y públicos. En esta intrincada red de influencias, el nombre de David Cure ha tomado relevancia, gracias a su vinculación con uno de los conglomerados de salud más poderosos de la región Caribe. Con apenas 29 años, Cure es el heredero de un imperio que, aunque transnacional, tiene raíces profundas en Barranquilla, la ciudad que lo vio nacer. La familia Cure, conocida por su dominio en el sector salud, vendió recientemente su participación en la Clínica General del Norte y el grupo MIRED a un jugador internacional: el Grupo Patria, un fondo de inversión con sede en Brasil y presencia global.
Lo que parece una simple transacción empresarial oculta complejas relaciones políticas y económicos de gran calado. David Cure no se encuentra en Colombia, sino en Estados Unidos, pero su influencia no parece conocer fronteras. Su capacidad para cultivar relaciones con figuras clave del sector público ha generado inquietud, pues su nombre resuena entre los círculos de poder por sus vínculos con altos funcionarios y personas influyentes. Entre ellos destaca Andrés Sarabia, hermano de la canciller Laura Sarabia, quien fue invitado por Cure a un concierto de Karol G en Medellín, en noviembre de 2023. Este tipo de encuentros, aparentemente inofensivos, son más comunes de lo que parece en un país donde las conexiones personales juegan un papel crucial en los negocios.
El concierto no fue la única ocasión en la que Cure y su círculo de amigos compartieron momentos en un ambiente exclusivo. En esa misma ocasión, también estuvo presente Jaime Ramírez Cobo, quien fuera asesor del DAPRE en el gobierno de Iván Duque. La participación de figuras clave en este tipo de eventos plantea la pregunta de si las relaciones entre el mundo empresarial y el gobierno colombiano son tan transparentes como deberían ser. Cure, con la ayuda de su abogado, Andrés Ávila, quien fue director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante el gobierno anterior, maneja con precisión su imperio, sus propiedades y relaciones en la Costa Atlántica.
La venta de las participaciones de la familia Cure en el sector salud no fue una simple transacción comercial. A través de este movimiento, Patria, uno de los fondos de inversión más grandes de América Latina, se consolidó como un actor central. Sin embargo, el Grupo Patria ha sido objeto de controversia tras un informe preparado por Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, quien reveló la existencia de pagos preferenciales realizados por EPS, como Coosalud, a clínicas pertenecientes a conglomerados como Patria. Este informe, que habla de posibles irregularidades en la asignación de recursos a clínicas preferidas, plantea interrogantes sobre los vínculos entre los intereses económicos privados y las entidades gubernamentales encargadas de regular el sector salud.
La figura de Mario Urán, uno de los más reconocidos lobistas del sector salud, ha sido mencionada en este contexto. Urán habría jugado un papel crucial en la priorización de pagos hacia las clínicas de Patria. Esto no solo levanta sospechas sobre posibles favorecimientos dentro del sistema de salud, sino que también plantea dudas sobre el destino final de estos pagos, ya que una parte de los recursos desviados pudo haber terminado en paraísos fiscales en el extranjero. Sin embargo, es importante señalar que el informe de Leal no profundizó en la composición exacta ni el origen de Patria, lo que deja muchas preguntas sin resolver.
El Grupo Patria, lejos de ser una entidad desconocida, es una organización de alto perfil que maneja activos por más de 24 billones de pesos en Colombia, invirtiendo en sectores clave como el inmobiliario, energético y de infraestructuras. Con su sede principal en las Islas Caimán, este fondo cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (NASDAQ) y está vigilado por la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que le otorga una estructura transparente a nivel internacional. Sin embargo, su participación en sectores estratégicos y su vinculación con recursos de fondos privados de pensiones brasileños han generado más interrogantes que certezas.
En un país donde la salud es un derecho fundamental y el bienestar de millones de colombianos depende del buen manejo de los recursos públicos, la influencia de actores como Cure y Patria no debe ser tomada a la ligera. Los movimientos estratégicos de estos actores económicos no solo afectan a las empresas de salud, sino también a los ciudadanos que dependen del sistema para recibir atención médica de calidad. El hecho de que los recursos provenientes de EPS intervenidas por el gobierno puedan ser desviados hacia ciertos grupos empresariales pone en evidencia las fallas estructurales de un sistema de salud que aún lucha por garantizar equidad y transparencia.
El futuro del sector salud en Colombia podría estar marcado por las sombras de intereses privados que se entrelazan con las decisiones gubernamentales. El caso de David Cure y su red de contactos refleja una de las dinámicas de poder que operan en las entrañas del gobierno y la empresa privada. Para que Colombia avance hacia un sistema de salud más justo y transparente, será crucial desmontar estos vínculos y garantizar que los recursos sean utilizados en beneficio de la ciudadanía, y no como herramientas de poder para unos pocos.