La fiebre del oro, con sus altibajos, nunca ha dejado de ser un imán para aquellos que buscan el resplandor de un futuro mejor. Hoy, en el corazón del Nordeste antioqueño, esta fiebre ha cobrado una nueva dimensión, pues el creciente valor del oro ha desatado una oleada de minería ilegal en zonas como Anorí y Amalfi. Esta actividad, lejos de traer prosperidad, ha puesto en grave peligro una de las joyas del sector energético nacional: la central hidroeléctrica Porce III, la segunda más grande de EPM. En cuestión de meses, las consecuencias de esta minería desenfrenada comenzaron a hacerse evidentes, amenazando con desencadenar un desastre ecológico y económico de proporciones inesperadas.
La situación es alarmante. La reciente aparición de un jarillón, una acumulación irregular de tierra y material del lecho del río, muy cerca de la zona de descarga de la central, tiene a los operarios de Porce III en estado de máxima alerta. Este fenómeno geológico podría ocasionar un represamiento de las aguas, lo que resultaría en la inundación de la casa de máquinas, imposibilitando la generación de energía y generando un caos tanto para el servicio público como para la región. Las autoridades, como el Ejército y la Fiscalía, ya han comenzado a intervenir, pero el daño ya está hecho, y el tiempo se agota.
EPM, la empresa encargada de la operación de la central, ha sido cautelosa en cuanto a los detalles de la minería ilegal, sin especificar quiénes son los responsables ni cómo lograron establecerse tan cerca de las instalaciones. Lo que es claro es que, a lo largo del río Porce, las tensiones entre las actividades mineras y las hidroeléctricas no son algo nuevo. De hecho, la historia de la minería en esta región se remonta a la época colonial, cuando los primeros pobladores de Anorí y Amalfi comenzaron a extraer oro de las aguas del río. Lo que antes era una actividad informal y rudimentaria, ha evolucionado en las últimas décadas hacia una minería a gran escala, empleando maquinaria pesada y métodos destructivos para el medio ambiente.
La expansión de la minería ilegal en esta región, impulsada por el aumento del precio del oro, ha generado un choque directo con los proyectos hidroeléctricos de EPM. En los años 80, la demanda de energía en Medellín y sus alrededores llevó a la construcción de varias hidroeléctricas en el cañón del Porce. Entre ellas, Porce II y Porce III se destacaron por su capacidad y su ingeniería avanzada. Sin embargo, la construcción de estas centrales no fue exenta de dificultades, pues la intervención en el río generó tensiones con los mineros informales que veían sus territorios tradicionales amenazados por los embalses.
Las tensiones sociales y ambientales han sido una constante en la región, que ha sido escenario de múltiples conflictos, no solo entre mineros y autoridades, sino también entre diversos grupos armados ilegales, quienes se han aprovechado de la minería para financiar sus actividades. Este caldo de cultivo de violencia y desorden ha complicado aún más los esfuerzos de las autoridades para controlar la minería ilegal en la zona, una situación que se intensificó a partir de 2010, cuando EPM decidió suspender la construcción de la hidroeléctrica Porce IV, ante la imposibilidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos en un territorio tan convulso.
Hoy, el valor del oro ha alcanzado cifras históricas, superando los 2.900 dólares la onza, lo que ha reavivado el frenesí minero. La minería ilegal se ha acercado peligrosamente a las zonas de descarga de Porce III, lo que podría desencadenar una crisis energética. Si el represamiento de las aguas se materializa, no solo se vería afectada la planta de energía, sino que la afectación se extendería a varios municipios de la región, como Amalfi, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia, que dependen de la generación de electricidad para su funcionamiento diario.
El panorama, sin embargo, es incierto. Aunque EPM ha señalado que tiene planes para controlar la situación, la incertidumbre sigue siendo alta. En una reciente declaración, la compañía manifestó su intención de llevar a cabo una operación controlada para desmontar el jarillón y evitar un desastre. No obstante, la solución definitiva parece distante, dado que la minería ilegal continúa siendo un negocio rentable para muchas personas en la región, a pesar de los esfuerzos por erradicarla.
Este conflicto entre el oro y el agua no es exclusivo de Antioquia. En todo el país, las tensiones entre el desarrollo energético y la minería ilegal se han convertido en un tema candente, que pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética nacional y la falta de control en algunas de las regiones más afectadas por la minería ilegal. La situación en Porce III es solo un reflejo de una problemática más amplia, que exige una intervención más contundente y una estrategia integral que aborde tanto las causas sociales y económicas de la minería ilegal como las consecuencias para el medio ambiente y la seguridad energética del país.
La fiebre del oro, una vez más, pone en jaque no solo la seguridad ambiental y la sostenibilidad de las hidroeléctricas, sino también el futuro energético de millones de colombianos.