En medio de una crisis sanitaria que se profundiza cada vez más, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta alarmante sobre el estado del sistema de salud en Colombia. Iris Marín, la defensora del pueblo, ha señalado que el acceso a los servicios médicos y la disponibilidad de medicamentos se ha visto gravemente afectado, una situación que no solo pone en riesgo la salud de millones de colombianos, sino que también está violando el derecho fundamental a la salud. Según Marín, entre 2023 y 2024 se aceleró un aumento significativo en las quejas, y las proyecciones para 2025 son aún más preocupantes.
El informe presentado por la Defensoría subraya un agravamiento en la calidad y la oportunidad de los servicios médicos. Los retrasos en la atención, la falta de citas con especialistas y el escaso acceso a medicamentos esenciales han causado una creciente frustración en la población. En lo que va de 2025, la Defensoría ha recibido más de 2.040 quejas, una cifra que supera con creces la registrada en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, de acuerdo con las autoridades, podría duplicarse para finales de 2025, lo que augura un panorama cada vez más sombrío para el sistema de salud en el país.
Uno de los problemas más alarmantes es la falta de disponibilidad de medicamentos, que ha mostrado un aumento del 30% con respecto al año pasado y un preocupante 67% con respecto a 2022. Esto se ha traducido en negaciones, entregas incompletas e irregularidades en la distribución de fármacos. La escasez de medicamentos no solo afecta a los pacientes con enfermedades crónicas, sino que también pone en peligro a aquellos que requieren tratamiento urgente, creando un escenario de desprotección para los más vulnerables.
A este caos se suma el creciente número de cierres de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en varias regiones del país. En 2024, se registraron cerca de 1.200 cierres, la mayoría de ellas de clínicas y hospitales privados, lo que ha dejado a muchos colombianos sin acceso a atención médica cercana. Las regiones más afectadas incluyen Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Atlántico. Estos cierres no solo han empeorado la situación de acceso a servicios médicos, sino que también han incrementado la carga sobre el sistema de salud público, que ya se encuentra al borde del colapso.
El gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a una encrucijada crítica, y la Defensoría del Pueblo ha solicitado medidas urgentes para contener esta crisis. En su carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la defensora instó a implementar mecanismos excepcionales que garanticen una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de salud de los ciudadanos. Sin una acción inmediata, los problemas podrían multiplicarse, afectando a millones de colombianos en todo el país.
Además de las fallas en el acceso a servicios médicos, la crisis de salud se ve alimentada por la falta de control sobre el mercado de medicamentos. La situación de acaparamiento de fármacos, denunciada recientemente, ha agravado aún más la escasez, lo que ha dado lugar a un mercado paralelo en el que los precios de los medicamentos se disparan, haciendo que los tratamientos sean inaccesibles para gran parte de la población. La situación requiere una respuesta firme y coordinada tanto del gobierno como de las autoridades regulatorias para frenar la especulación y garantizar el abastecimiento adecuado.
A medida que la crisis se intensifica, la responsabilidad recae sobre el Gobierno para garantizar que el derecho a la salud sea respetado y protegido, tal como lo establece la Constitución. Sin embargo, las medidas anunciadas hasta ahora no han sido suficientes para resolver los problemas estructurales del sistema de salud, que se ve cada vez más debilitado por la corrupción, la mala gestión y la falta de recursos. Es imperativo que el Gobierno tome decisiones que vayan más allá de los parches y busque una reforma profunda que resuelva las fallas en la atención y el acceso a los medicamentos.
Finalmente, es importante recordar que la salud no es solo un derecho fundamental, sino también un reflejo del estado de bienestar de una sociedad. La situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia no solo afecta a quienes necesitan atención médica, sino que también pone en evidencia las profundas desigualdades que existen en el acceso a los servicios públicos. El tiempo para actuar es ahora, y la Defensoría del Pueblo ha dejado claro que la respuesta del Gobierno será crucial para evitar que la crisis de salud se convierta en una catástrofe aún mayor.