El Consejo de Estado ha trazado una línea jurídica que, en menos de un año, ha golpeado con fuerza los cimientos del movimiento político Fuerza Ciudadana, nacido en la costa Caribe como alternativa de poder regional. La decisión más reciente —la anulación de la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena— no solo configura el panorama político del departamento, sino que acentúa la crisis legal y estratégica del colectivo que lidera el exalcalde Carlos Caicedo.
La Sección Quinta de ese alto tribunal encontró mérito en una denuncia por doble militancia. Según el fallo, Martínez, entonces candidato avalado por Fuerza Ciudadana, respaldó públicamente a María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el Partido de la U. Las imágenes de un evento en tarima, donde Martínez interviene a favor de ambas, fueron determinantes. El resultado: nulidad de su elección y un mensaje tajante sobre la importancia de la coherencia ideológica y la lealtad partidista.
Este no es un hecho aislado. El Consejo de Estado ya había dictado una sentencia anterior que retiró la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, impidiéndole funcionar como partido con derechos plenos. Lo que parecía el ascenso de una nueva fuerza política con vocación nacional ha quedado, al menos por ahora, congelado por decisiones judiciales que apuntan a irregularidades y fallas estructurales en su consolidación como actor institucional.
En Magdalena, donde Fuerza Ciudadana había construido su bastión, la situación es crítica. Con la salida de Martínez del cargo, el gobierno departamental queda a la deriva en términos de legitimidad electoral. Y aunque el movimiento aún conserva cierto respaldo popular, el panorama se ensombrece: sus líderes enfrentan procesos, sus candidaturas son objeto de demandas y sus bases comienzan a fracturarse por la incertidumbre.
La caída de Martínez también pone sobre la mesa un dilema de fondo: ¿cuál es el límite entre la estrategia electoral y la violación de los principios democráticos? El respaldo a candidaturas externas, aunque frecuente en la práctica política, vulnera el principio de lealtad partidaria, piedra angular de la reforma política. Esta sentencia refuerza la doctrina según la cual la doble militancia no es un tecnicismo, sino una falta sustancial.
Carlos Caicedo, el líder natural de Fuerza Ciudadana y también objeto de múltiples investigaciones, enfrenta ahora el desafío de mantener a flote un movimiento que ha sufrido más reveses en los estrados judiciales que derrotas en las urnas. El proyecto político que alguna vez quiso nacionalizarse desde Santa Marta, hoy parece más atrapado en los laberintos de la defensa jurídica que en la expansión programática.
En paralelo, antiguos alcaldes y candidatos vinculados al movimiento esperan decisiones similares por parte del Consejo de Estado. Entre ellos, hay quienes confían en que algunas anulaciones puedan revertirse, mientras otros ya empiezan a deslindarse del proyecto, temerosos de que el desgaste legal se convierta también en una carga electoral insostenible.
La historia de Fuerza Ciudadana —al menos por ahora— parece ser una advertencia para los nuevos movimientos que aspiran a disputar poder desde lo local: sin estructuras jurídicas sólidas, sin disciplina interna y sin claridad frente a las reglas del juego democrático, el impulso político puede quedar rápidamente atrapado entre la emoción del discurso y la frialdad de la sentencia.