En medio del creciente malestar ciudadano por la inseguridad que golpea con fuerza a las principales ciudades del país, el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley que busca reconfigurar los Frentes de Seguridad como organizaciones sociales con respaldo legal, acceso a recursos públicos y protagonismo formal en la prevención del delito. Se trata de una propuesta que toca fibras sensibles: la corresponsabilidad de la ciudadanía frente a la seguridad y el rol del Estado en su garantía.
La iniciativa, radicada esta semana en la Cámara de Representantes, pretende que estos frentes —históricamente promovidos por la Policía Nacional como redes de apoyo comunitario— dejen de ser simples mecanismos informales de vigilancia ciudadana para convertirse en actores sociales con personería jurídica y facultades para gestionar recursos del Foncet (Fondo de Seguridad Territorial) y del Foncecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Villamizar argumenta que, en un país donde “los bandidos parecen tener más recursos que quienes intentan proteger a sus comunidades”, este tipo de organizaciones pueden convertirse en un aliado real del Estado en los territorios. “Colombia está cansada de la inseguridad. Es hora de empoderar a la gente de bien, darle herramientas para protegerse y para colaborar de forma efectiva con la institucionalidad”, afirmó el congresista.
Los datos respaldan la preocupación: la extorsión, uno de los delitos más silenciosos y devastadores, creció un 29 % en los últimos años. Solo en Bogotá se han registrado más de 2.400 casos, y en ciudades como Medellín y Barranquilla las cifras también inquietan. En este contexto, la propuesta de fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria aparece como una vía para aliviar la presión sobre la fuerza pública, que en muchos sectores opera al límite de sus capacidades.
El proyecto, no obstante, abre un debate profundo sobre el papel de la ciudadanía en la seguridad y los límites de su participación. Si bien es cierto que el Estado no puede estar en todas partes, también lo es que la delegación de funciones debe hacerse con responsabilidad y garantías. Formalizar los Frentes de Seguridad podría implicar nuevas tensiones: ¿quién regula su actuación?, ¿cómo evitar que se conviertan en actores arbitrarios o politizados?, ¿qué formación recibirán quienes los integren?
La Policía Nacional, tradicional impulsora de estos espacios, ha mantenido una posición ambigua. Por un lado, reconoce la importancia de contar con el respaldo de la comunidad; por otro, ha sido cuidadosa en no trasladar funciones operativas al ciudadano común. El éxito de esta propuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad de diseñar una normativa clara, con controles efectivos y formación adecuada para sus integrantes.
Más allá del articulado, el proyecto de ley plantea una pregunta urgente: ¿cómo lograr una verdadera política de seguridad ciudadana que combine la acción del Estado, la participación comunitaria y el respeto por los derechos? Convertir los Frentes de Seguridad en organizaciones sociales puede ser un paso hacia esa meta, siempre y cuando no se pierda de vista el principio de que la seguridad es, ante todo, una responsabilidad del Estado.
La discusión apenas comienza. En el Congreso, y sobre todo en los barrios, la idea empieza a tomar forma. Lo que está en juego no es solo una nueva figura jurídica, sino la forma como los colombianos se relacionan con su entorno, con las instituciones y con el miedo que, en muchas zonas del país, se ha convertido en rutina.