Colombia está a punto de iniciar un camino que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades huérfanas: aquellas dolencias raras, muchas veces invisibles para el sistema, pero devastadoras para quienes las padecen. A través de la Resolución 542 de 2025, el Ministerio de Salud dio un paso decisivo: eliminar intermediarios en la compra de medicamentos y asumir directamente, como Estado, esa función. Una decisión audaz, pero también cargada de retos.
La medida apunta a utilizar el Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una herramienta de cooperación internacional que ha demostrado eficacia en la adquisición conjunta de vacunas y tratamientos estratégicos. Ahora, se explora su uso para comprar medicamentos huérfanos, lo que permitiría reducir costos, garantizar calidad y, sobre todo, asegurar acceso en un sistema que ha fallado repetidamente en proteger a los pacientes más vulnerables.
Santiago Cornejo, director del programa de la OPS encargado de este mecanismo, ha sido claro: el proceso no será inmediato, ni tampoco exento de obstáculos técnicos y logísticos. Aún se deben establecer los lineamientos operativos, evaluar la viabilidad regulatoria y lograr acuerdos de precios con proveedores que, en este tipo de medicamentos, suelen tener márgenes altos y baja competencia. Pero el potencial es innegable.
Este cambio no es menor. Tradicionalmente, la adquisición de medicamentos ha estado en manos de las EPS y de gestores farmacéuticos, figuras que han sido señaladas por los pacientes por su lentitud, ineficiencia y, en algunos casos, por anteponer intereses financieros al bienestar de los enfermos. Con esta resolución, el Gobierno asume una responsabilidad directa que podría convertirse en modelo regional si se ejecuta con transparencia, rigurosidad y vocación de servicio.
Sin embargo, la experiencia internacional ofrece lecciones que conviene no ignorar. Algunos países que han intentado centralizar compras de alto costo han enfrentado problemas de desabastecimiento, demoras administrativas y rigideces burocráticas. El éxito del modelo colombiano dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para actuar con agilidad y del compromiso técnico que asuma el Ministerio de Salud en la implementación del nuevo esquema.
Más allá del aspecto técnico, hay un componente profundamente humano. Las enfermedades huérfanas no solo son difíciles de diagnosticar, sino que arrastran a las familias a un calvario económico y emocional. Cada frasco de medicina que llegue a tiempo, cada trámite que se evite, representa no sólo una política pública acertada, sino un gesto de dignidad hacia quienes han sido históricamente ignorados por el sistema de salud.
Lo que está en juego no es únicamente la eficiencia de una nueva estrategia de compra, sino el modelo de relación entre el Estado y sus ciudadanos más frágiles. Si el país logra cumplir este compromiso, habrá sentado un precedente de justicia sanitaria. Si fracasa, en cambio, reforzará la sensación de abandono que ha acompañado a tantos pacientes durante años.
En un país donde la salud ha sido campo de batalla ideológica y técnica, esta iniciativa puede ser el punto de convergencia entre el deber moral del Estado y las posibilidades reales de un sistema más justo. La pregunta, como siempre, no es solo si es posible, sino si estaremos dispuestos a hacerlo bien.