En un nuevo capítulo de la ya compleja novela del sistema de salud en Colombia, el Consejo de Estado decidió no conceder las medidas cautelares solicitadas por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, contra la resolución que fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025. La determinación, si bien técnica en apariencia, tiene implicaciones de fondo que vuelven a poner bajo la lupa el modo en que el Estado calcula los recursos destinados a financiar la atención médica de millones de colombianos.
La resolución cuestionada, expedida por el Ministerio de Salud el 30 de diciembre de 2024, estableció los valores de la UPC para el próximo año, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Este monto es fundamental: representa la suma que el Estado paga a las EPS por cada afiliado, y de su cálculo depende en gran medida la sostenibilidad del sistema, así como la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
Miranda, férrea crítica de la política sanitaria del actual gobierno, argumentó que la resolución se adoptó sin el rigor técnico necesario, y que desconoció principios constitucionales y legales que deberían guiar cualquier decisión relacionada con el derecho fundamental a la salud. En su concepto, el ajuste debió ser del 15,07 %, un porcentaje que —según sus cálculos— reflejaba mejor el costo real de garantizar atención digna en un país con grandes desafíos sanitarios.
El Consejo de Estado, sin embargo, consideró que no se cumplen los requisitos para decretar la suspensión provisional de la resolución. En su análisis, subrayó que la Corte Constitucional ya había ordenado la creación de una mesa técnica para revisar el tema, en el marco de la Sentencia T-760 de 2008, un fallo emblemático que trazó los lineamientos para proteger la salud como un derecho subjetivo y exigible. En otras palabras, la institucionalidad aún tiene herramientas activas para revisar y, si es necesario, corregir el rumbo.
La negativa del alto tribunal no es un espaldarazo al Ministerio de Salud, pero sí una apuesta por el respeto a los procesos y tiempos de la institucionalidad. En lugar de intervenir de manera anticipada, el Consejo de Estado prefirió dejar que la mesa ordenada por la Corte avance, bajo la premisa de que los canales del diálogo técnico y jurídico aún no se han agotado.
Esta decisión también deja sobre la mesa una inquietud mayor: ¿está el país logrando garantizar que el sistema de salud reciba lo que realmente necesita para ser eficaz? Cada año, el debate sobre la UPC se convierte en una especie de termómetro de las tensiones entre el costo fiscal del sistema, las capacidades del Estado, y el ideal —muchas veces lejano— de una salud universal, equitativa y de calidad.
Lo cierto es que la fijación de la UPC no puede seguir siendo un asunto entre tecnócratas encerrados en oficinas. Es un tema profundamente político y social, pues en sus cifras se juega la vida diaria de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Y aunque decisiones como la del Consejo de Estado parezcan frías, en realidad contienen el eco de discusiones más profundas sobre prioridades, justicia distributiva y sostenibilidad.
Al final del día, lo que está en juego no es solo una fórmula matemática o una tabla de crecimiento porcentual. Lo que realmente se discute es cuánto está dispuesto el Estado colombiano a invertir en la salud de su gente. Y en tiempos donde cada peso cuenta, esa pregunta adquiere un peso moral que no puede ignorarse.