El pasado 27 de marzo, la tranquilidad en las zonas rurales de Arauca y Casanare se vio interrumpida por un secuestro que ha generado gran preocupación en la región. Cinco ganaderos fueron retenidos por hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras se desplazaban por una vía rural del municipio de Puerto Rondón, en Arauca. El grupo guerrillero, a través de un comunicado fechado el 3 de abril, asumió la responsabilidad del hecho, lo que desató una nueva ola de incertidumbre en una región ya marcada por la violencia y el conflicto armado.
Los ganaderos secuestrados, identificados como Betuel Barrera Sandoval, León Barrera Sandoval, Adoran Barrera Sandoval, Emilio Cristancho Tarache y Leander Antonio Salamanca Peroza, fueron capturados mientras regresaban de una reunión con dos miembros del ELN, alias Medina y Pescado. Según el grupo armado, los ganaderos estaban llevando “finanzas” y recibiendo órdenes para realizar extorsiones y acciones contra los habitantes de Casanare. Esta acusación, sin embargo, carece de detalles concretos y no ha sido corroborada por fuentes externas, lo que genera más dudas sobre las verdaderas razones detrás de este secuestro.
El ELN ha argumentado que los cinco retenidos están siendo sometidos a “procesos internos” bajo la “normativa” de la organización, lo que deja entrever un intento de justificar el acto bajo un supuesto código de conducta interno. Sin embargo, la falta de claridad sobre los motivos y las condiciones en las que los ganaderos están siendo mantenidos cautivos solo aumenta la tensión en la región, donde los secuestros y las extorsiones por parte de grupos armados ilegales son un problema persistente.
El hecho de que el ELN se atribuya este secuestro como parte de sus “procesos internos” refleja la complejidad y la brutalidad de las dinámicas del conflicto armado en Colombia. En lugar de una lucha ideológica o política clara, los grupos armados, como el ELN, operan bajo lógicas de control territorial, sometiendo a la población civil a las consecuencias de sus disputas internas. A pesar de la escasa información proporcionada sobre el estado de los secuestrados, la amenaza de violencia y las posibles represalias son un constante recordatorio de la fragilidad de la seguridad en las zonas rurales del país.
Este secuestro, como muchos otros en el contexto del conflicto colombiano, pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante la presencia de grupos armados ilegales. Mientras las autoridades gubernamentales se esfuerzan por recuperar el control en estos territorios, la población civil sigue siendo la principal víctima de un conflicto que no parece tener fin. Los ganaderos secuestrados, quienes en principio no parecen tener relación con actividades ilícitas, son ahora peones en una guerra que los supera, convirtiéndolos en rehenes de una situación que no han generado.
La respuesta del gobierno colombiano ha sido, como en casos anteriores, un llamado a la liberación inmediata de los secuestrados, junto con una condena a las acciones del ELN. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. En Arauca y Casanare, la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares ha dejado una huella profunda, tanto en la economía local como en la vida cotidiana de sus habitantes. El secuestro de los cinco ganaderos es solo un ejemplo más de cómo las disputas por el control territorial y las economías ilegales continúan afectando la vida de los colombianos.
El proceso de paz con el ELN, que ha tenido altibajos a lo largo de los años, se encuentra en un punto crítico. A pesar de las intenciones del gobierno de entablar un diálogo con el grupo guerrillero, actos como este secuestro muestran la dificultad de avanzar hacia una solución pacífica cuando las estructuras internas de los grupos armados siguen operando de manera autónoma y sin compromiso con el proceso de paz. La falta de garantías para las víctimas de estos actos de violencia agrava aún más la desconfianza de la población frente a los procesos de desarme y reconciliación.
Finalmente, este secuestro no solo es un recordatorio de las dinámicas violentas que aún persisten en muchas regiones del país, sino también de la necesidad urgente de una estrategia integral que no solo busque la desmovilización de los grupos armados, sino que también atienda las causas estructurales del conflicto: la pobreza, la falta de presencia estatal y la desigualdad social. Mientras tanto, los secuestrados siguen bajo el control del ELN, y la incertidumbre sobre su futuro continúa siendo un reflejo de la violencia estructural que aún persiste en Colombia.