La senadora Angélica Lozano, referente de la Alianza Verde y una de las voces más activas en el Congreso, no se anda con rodeos: acusa abiertamente al petrismo y al Gobierno Nacional de sabotear el proyecto de reforma laboral. En conversación con EL COLOMBIANO, y retomada con atención por este diario, Lozano advierte que lo que está en juego no es solo una reforma, sino el respeto a la institucionalidad y el juego democrático. Según la congresista, al Gobierno no le interesa que haya ley, sino un escenario de confrontación que pueda capitalizar políticamente.
“Necesitan que esto salga mal”, sentencia Lozano con voz firme, convencida de que ciertos sectores oficialistas ven con mejores ojos una campaña que una reforma. Lo explica sin ambages: “Prefieren hostigamiento, movilización y mentiras, con recursos públicos detrás, que construir una norma laboral incluyente y justa”. Así, mientras en el Congreso se libra una discusión técnica, en las sombras –dice– se cocina una estrategia de desgaste que tiene como objetivo final enterrar el proyecto.
Pese a las tensiones y las maniobras que denuncia, Lozano no pierde la fe. Cree en el Senado, al que describe como “a la altura del país”, y vaticina que en la plenaria se dará un debate robusto, con argumentos y –por qué no– con algo de pupitre. Aun así, para ella, la verdadera prueba vendrá después: la conciliación. Ese último paso, usualmente visto como trámite, hoy parece más una trampa. “Ahí es donde más debemos estar vigilantes”, afirma, lanzando un mensaje directo a sus colegas.
En sus palabras hay un doble filo: optimismo institucional y escepticismo político. “Todos ponen, nadie impone”, asegura sobre el ambiente en el Senado. Pero acto seguido revela lo que considera una estrategia perversa del Ejecutivo: transformar la discusión legislativa en una campaña permanente, utilizando la amenaza de la consulta popular como ariete político. “Lo dijo el ministro Benedetti: si no sale, vamos por decreto o consulta”, recuerda Lozano, subrayando que la apuesta no es legal, sino electoral.
El fantasma de una reforma laboral frustrada por cálculos políticos sobrevuela los pasillos del Capitolio. Lozano, curtida en estas lides, no se deja intimidar. Pero sí enciende las alarmas. “No es que haya desconfianza –insiste–. Es que no quieren la ley. No les conviene”. Y con esa frase desmonta cualquier eufemismo. En su lectura, el petrismo ve en el fracaso del proyecto una oportunidad de capitalización, una nueva bandera con la cual azuzar a las bases y polarizar el país.
Lo más grave, señala, es el uso instrumental del poder estatal. Para ella, los ministerios y las entidades del orden nacional no están siendo usados para gobernar, sino para hacer política. “La consulta les permite eso: campaña desde los ministerios y los departamentos”, denuncia. Y el riesgo, añade, es que con ese modelo se vacíe de contenido el Congreso, convirtiéndolo en un obstáculo más que en un escenario de deliberación democrática.
Al cierre de esta conversación, Lozano mantiene su tono firme pero no deja de lado la esperanza. Cree que aún es posible lograr una buena reforma, y que el Congreso puede salvar el proceso de los intereses mezquinos. Pero sabe que no será fácil. Y deja un mensaje claro: “Aquí no hay que bajar la guardia. No solo nos jugamos una reforma laboral; nos jugamos la dignidad del debate legislativo en Colombia”.