Recientemente, el gobierno de Gustavo Petro ha tomado una decisión que ha desencadenado una gran controversia entre la población estudiantil: la eliminación del subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos otorgados por el Icetex. Esta medida, presentada como una respuesta ante la “compleja situación fiscal” que atraviesa el país, está impactando directamente a miles de jóvenes que, confiados en el respaldo del Estado, tomaron estos préstamos para financiar su educación superior. Los efectos, lejos de ser leves, se sienten como un golpe económico imprevisto, llevando a muchos a cuestionar si sus derechos adquiridos han sido vulnerados.
El subsidio había estado vigente por más de dos décadas, beneficiando principalmente a los estudiantes de estratos bajos. De hecho, según datos de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), la medida afecta a 156.000 usuarios del Icetex, de los cuales 132.000 tenían un subsidio total. Los beneficiarios de estos préstamos, que en su mayoría provienen de familias de escasos recursos, ahora se enfrentan a un aumento drástico en sus cuotas, algunas incluso hasta un 87% en comparación con las mensualidades previas a la eliminación del subsidio. Esto significa que jóvenes profesionales, como los de medicina, deberán afrontar pagos que antes eran impensables.
Los voceros estudiantiles, como Julieth Rincón, presidenta de Fenares, han denunciado que el gobierno está actuando de manera inconsulta y violando lo pactado en los contratos de crédito previos. “Las condiciones del crédito que se firmaron antes de 2023 establecían una tasa de IPC más cero. Ahora, sin previo aviso, nos retiran el subsidio”, manifestó Rincón, añadiendo que esta medida afecta principalmente a los más vulnerables: estudiantes de estratos uno y dos, y personas en condiciones de discapacidad, indígenas y reinsertados.
En cuanto al impacto económico de la eliminación del subsidio, las cifras hablan por sí solas. En algunos casos, los aumentos en las cuotas mensuales han sido tan altos como el 50,61%, según cálculos de expertos. Esto implica que un joven que, hasta diciembre, pagaba una cuota mensual de 276.753 pesos, ahora se enfrentará a un pago de 416.824 pesos, lo que representa un incremento difícil de asumir por aquellos que ya se encontraban en una situación económica precaria. A este panorama se le suman las dificultades del propio sistema educativo en Colombia, donde el acceso a la educación superior ya es un reto para miles de jóvenes.
Para los estudiantes, la medida no solo es un revés económico, sino también un golpe a sus sueños y expectativas. Muchos de ellos, que confiaron en el Icetex como la única vía posible para acceder a una educación universitaria, ahora se ven ante la cruda realidad de enfrentar cuotas impagables que los obligan a replantear su futuro académico. La posibilidad de caer en mora, o incluso abandonar sus estudios, es cada vez más real, y en un país con tan pocos mecanismos de apoyo para los jóvenes, esta situación se vuelve aún más alarmante.
Además de la carga económica, la eliminación del subsidio también genera incertidumbre en torno a las políticas públicas del gobierno en materia educativa. El hecho de que el Estado rompa un acuerdo tácito con los estudiantes y cambie las condiciones de los préstamos de manera unilateral ha generado una sensación de traición entre los jóvenes. Este cambio de condiciones no solo afecta a los nuevos beneficiarios, sino también a aquellos que ya habían iniciado su carrera universitaria bajo las condiciones previas, lo que añade un componente de desconfianza hacia las futuras decisiones gubernamentales.
Desde una perspectiva más amplia, esta medida refleja una preocupación sobre el futuro de la educación pública en Colombia. La falta de alternativas viables para financiar la educación superior, sumada al impacto de las decisiones tomadas por el gobierno, podría afectar de manera significativa la movilidad social de miles de jóvenes. Es fundamental que el Estado encuentre soluciones más sostenibles para financiar la educación, sin recurrir a ajustes que perjudiquen aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En definitiva, la eliminación del subsidio del Icetex pone en evidencia un dilema profundo en la política educativa de Colombia. Si bien la situación fiscal del país es una realidad innegable, es necesario ponderar las consecuencias sociales de cada medida. Al final del día, los más afectados por este ajuste serán los estudiantes, quienes no solo deben afrontar las dificultades de su educación, sino también el peso de un sistema financiero que, en lugar de apoyarlos, los está empujando a la orilla del colapso económico. Las promesas del gobierno deberán ser revisadas con urgencia, ya que, si no se toman medidas correctivas, los jóvenes podrían verse obligados a asumir las consecuencias de un sistema educativo en crisis.