La situación de orden público en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, se ha convertido en un nuevo foco de crisis para el país. En los últimos días, la comunidad, atrapada en medio del fuego cruzado entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc, ha secuestrado a un coronel, 27 policías y un soldado del Ejército. Esta acción, que ha dejado en evidencia la tensa relación entre las autoridades y las comunidades de la región, ha exacerbado las tensiones en una zona marcada por la influencia de los grupos armados ilegales, en particular el frente Carlos Patiño, conocido por su fuerte control territorial.
El conflicto se originó cuando las fuerzas militares comenzaron una incursión en la vereda La Hacienda, ubicada en El Tambo, a tres kilómetros de la cabecera municipal. Allí, los disidentes de las Farc se refugiaron después de perder el corregimiento de El Plateado, a raíz de la Operación Perseo, que tuvo lugar en octubre de 2024. La ofensiva contra los disidentes dejó una huella de violencia en la región, y en los últimos días, los grupos armados ilegales han intensificado su resistencia, no solo con enfrentamientos armados, sino también con amenazas a la población civil para evitar el avance de las tropas.
El escenario en El Plateado es dramático, pues la comunidad, en su mayoría compuesta por campesinos y habitantes de zonas rurales, se ve atrapada entre dos fuegos: el de los disidentes y el de las autoridades. Los pobladores, muchos de los cuales tienen lazos históricos con los grupos armados ilegales, se han visto obligados a colaborar con ellos para evitar represalias. Esta situación ha facilitado el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública, que fueron retenidos por la comunidad como una medida de presión ante las fuerzas militares que intentan retomar el control de la zona.
La quema de una tanqueta y el enfrentamiento con palos, piedras y explosivos han sido solo algunos de los actos violentos que marcan el día a día de esta región. La tensión no solo se mide en la cantidad de militares y policías secuestrados, sino en la creciente desconfianza que existe entre las fuerzas armadas y las comunidades locales, que se sienten abandonadas y expuestas a la violencia. Este episodio refleja la complejidad del conflicto armado en el país, donde las dinámicas de poder no solo están definidas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado, sino también por la interacción con las poblaciones civiles que se ven obligadas a tomar decisiones difíciles.
El secretario de Gobierno del municipio de Argelia ha confirmado que los militares secuestrados siguen en manos de la comunidad, y la situación continúa siendo incierta. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha convocado un consejo extraordinario de seguridad para este viernes, con el fin de evaluar la crisis y tomar decisiones que garanticen la liberación de los retenidos. Sin embargo, las posibilidades de una solución inmediata parecen remotas, dado el entorno hostil y la falta de confianza en la capacidad de las autoridades para gestionar una salida pacífica del conflicto.
En este contexto, las disidencias de las Farc, lideradas por alias Gafas, no solo se dedican a resistir militarmente, sino que también han intensificado su estrategia de intimidación sobre las comunidades locales. La amenaza constante sobre los pobladores para que bloqueen el paso de las tropas ha generado un ambiente de miedo y desesperación. En muchos casos, los habitantes se ven obligados a tomar partido en un conflicto que no es de su origen, pero cuya consecuencia directa afecta su vida cotidiana.
El secuestro de los miembros de la Fuerza Pública no solo es una violación a los derechos humanos, sino también un recordatorio de las dificultades que enfrenta el Estado para restaurar el orden en zonas de alta influencia de grupos armados ilegales. A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para implementar una política de paz y desarme, el territorio sigue siendo un campo de batalla en el que la autoridad estatal parece no tener el control absoluto.
La crisis en El Plateado evidencia la necesidad urgente de abordar el conflicto desde una perspectiva integral, que incluya tanto medidas militares como sociales. Es imprescindible que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos, pero también que trabaje en la rehabilitación y reconstrucción del tejido social en regiones que han sido devastadas por décadas de violencia. La paz no se alcanzará solo con la fuerza, sino con el compromiso de las comunidades y una política de inclusión que dé respuestas a las necesidades reales de los habitantes del Cauca y otras zonas afectadas por el conflicto armado.