El Gobierno Nacional ha decidido intensificar su estrategia de legitimación popular con una nueva versión de la consulta popular, que ahora no incluye doce, sino dieciséis preguntas, tras sumar cuatro más enfocadas en el sistema de salud colombiano. El anuncio fue hecho por los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Antonio Sanguino (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior), quienes radicaron oficialmente la iniciativa ante el Congreso, en un movimiento que busca apalancar por vía popular los pilares de la fallida reforma a la salud.
Las preguntas nuevas abordan temas sensibles y estructurales del sistema sanitario colombiano. Entre ellas, se plantea si el Gobierno debe tener la potestad de producir o adquirir medicamentos esenciales, si se deben eliminar las EPS como intermediarias financieras y entregar esa función a la ADRES, si el país debe avanzar hacia un modelo preventivo, mixto y ampliado de atención en salud, y si debe establecerse un régimen laboral especial para garantizar los derechos de quienes trabajan en este sector. Preguntas que, si bien son llamativas para la opinión pública, también generan inquietudes sobre su implementación real y la claridad de sus efectos jurídicos.
“La consulta quiere que el pueblo colombiano decida directamente sobre los derechos fundamentales”, afirmó el ministro Jaramillo, reforzando la idea de que la iniciativa no es solo un mecanismo participativo, sino un acto político contra lo que el Gobierno ha calificado como bloqueos legislativos. Cabe recordar que la reforma a la salud ya fue archivada en dos ocasiones por el Congreso, lo que ha encendido las alarmas dentro del oficialismo sobre la viabilidad de su agenda social.
Desde el Ejecutivo, se insiste en que los cabildos populares y esta consulta ampliada son mecanismos legítimos de democracia participativa, consagrados en la Constitución. El ministro Sanguino fue claro: “Ya no serán 12 veces sí, sino 16 veces sí”. Sin embargo, sectores opositores, así como varios expertos constitucionalistas, han cuestionado si estas preguntas pueden resolver técnicamente los problemas estructurales del sistema o si terminan siendo una herramienta de campaña con cargo al erario.
Uno de los temas más polémicos es la intención de transformar el rol de las EPS. Para críticos como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, esta pregunta encubre la intención de recentralizar el sistema y entregar el control financiero directamente al Gobierno, lo que podría politizar la salud y generar cuellos de botella administrativos más graves que los actuales. Gaviria ha calificado esta consulta como “un engaño”, advirtiendo que detrás de preguntas atractivas se ocultan reformas riesgosas.
También despierta suspicacias la pregunta sobre la producción estatal de medicamentos, que, aunque legítima como aspiración, requiere infraestructura, capacidades técnicas y una inversión multimillonaria que hoy el país no posee. ¿Está preparada Colombia para asumir ese desafío sin sacrificar la calidad, oportunidad y diversidad del portafolio farmacéutico?
La consulta, además, se convierte en un campo de tensión institucional. No está claro si el Congreso, que deberá tramitar su viabilidad, le dará luz verde a una iniciativa que parece bordear los límites entre consulta ciudadana y referendo sin ser plenamente ninguna de las dos. El Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional tendrán seguramente que pronunciarse sobre su alcance, su forma y su constitucionalidad.
Más allá de los tecnicismos, lo cierto es que la salud se vuelve el nuevo centro del pulso entre Gobierno y Congreso. Con esta consulta, el presidente Gustavo Petro busca reafirmar su narrativa: no es él quien fracasa en el Legislativo, sino el sistema político el que bloquea los cambios. Ahora, queda por ver si el pueblo colombiano, al que invoca con vehemencia, está dispuesto a responder con 16 síes… o con un silencio que hable más fuerte.