En un nuevo capítulo de la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió con firmeza a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de “desfinanciar” al Estado tras votar en contra de la ley de financiamiento. El mandatario no ahorró palabras y aseguró que esta decisión, tomada en diciembre de 2024 por las comisiones económicas del Congreso, dejó al país con un presupuesto desequilibrado y una grave incertidumbre fiscal.
Durante un consejo de ministros, Petro fue directo: acusó a Cepeda de liderar una estrategia opositora con el objetivo de obstaculizar el funcionamiento del Estado. El jefe de Estado insistió en que el voto negativo a la ley fue un acto de sabotaje que minó la sostenibilidad de las cuentas públicas. En sus palabras, la negativa parlamentaria fue más que una postura política; fue una acción deliberada para crear un desbalance fiscal en plena ejecución presupuestal.
La reacción del senador Cepeda no se hizo esperar. En un tono sereno pero categórico, pidió respeto al presidente y rechazó lo que calificó como “acusaciones falsas” provenientes del Ejecutivo. Aseguró que la decisión de las comisiones estuvo respaldada por criterios técnicos y por la responsabilidad que tienen como cuerpo legislativo de velar por la coherencia y viabilidad de las políticas fiscales. Cepeda recordó, además, que fue el propio Gobierno quien terminó expidiendo el Presupuesto General por decreto.
Este intercambio no es menor. Revela con nitidez la fragilidad del diálogo institucional y la creciente distancia entre las ramas del poder público. Mientras el Gobierno intenta cerrar la brecha fiscal mediante reformas que no han conseguido los votos necesarios, el Congreso se parapeta en su autonomía para frenar proyectos que considera inapropiados o imprudentes. Lo que está en juego, más allá de la disputa puntual, es el modelo de gobernabilidad en un país que enfrenta enormes retos económicos.
El trasfondo de esta controversia es aún más inquietante. La ley de financiamiento, que fue negada en diciembre, buscaba cubrir un déficit estimado en más de 20 billones de pesos. La falta de consenso no solo obligó al Ejecutivo a recurrir a maniobras extraordinarias, sino que también elevó la tensión en los mercados financieros. Hoy, la incertidumbre persiste: ¿será posible concertar una hoja de ruta fiscal sin convertir cada reforma en un campo de batalla político?
El lenguaje empleado por Petro también ha generado preocupación en algunos sectores. Dirigentes de distintos partidos, incluso algunos cercanos al oficialismo, consideran que señalar con nombre propio a un congresista por decisiones legislativas puede erosionar los principios de independencia y respeto entre poderes. En tiempos de polarización creciente, los mensajes del presidente adquieren una resonancia que trasciende el debate puntual y siembran dudas sobre la convivencia democrática.
Desde la Casa de Nariño, sin embargo, insisten en que no hay espacio para medias tintas: la estabilidad fiscal está en riesgo, y es necesario señalar a quienes, desde su perspectiva, impiden su recuperación. Para el Ejecutivo, la narrativa es clara: no se trata de una pugna política, sino de la defensa del interés nacional frente a un Congreso que, en ocasiones, parece más comprometido con sus cálculos partidistas que con el bienestar colectivo.
En este contexto, el choque entre Cepeda y Petro es más que un desencuentro personal. Es la expresión de una tensión estructural que atraviesa el país: la dificultad de articular un proyecto de nación común en medio de intereses divergentes y visiones opuestas. Y mientras las acusaciones cruzadas marcan la agenda, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿quién asumirá el costo político si el Estado, efectivamente, se queda sin financiamiento?