El reciente nombramiento de Antonio Sanguino como ministro de Trabajo del gobierno de Gustavo Petro ha sido empañado por un escándalo judicial que pone en duda su idoneidad para ocupar este cargo clave. En enero de este año, la Fiscalía General de la Nación presentó formalmente un escrito de acusación contra Sanguino, quien enfrenta cargos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. Este proceso judicial está relacionado con hechos ocurridos durante su tiempo como concejal de Bogotá, cuando la ciudad estaba bajo la administración del fallecido Samuel Moreno, uno de los episodios más oscuros en la política capitalina.
La acusación se centra en el supuesto intento de Sanguino de influir en el nombramiento de un gerente para el Hospital de Usme, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, implicó el uso indebido de su cargo para favorecer a ciertos intereses políticos. A través de este acto, Sanguino habría ejercido presiones para garantizar el puesto a un miembro de su partido político, el Polo Democrático, lo que habría generado un escenario de conflicto de intereses. La imputación, que se formalizó en octubre de 2024, ha desatado una serie de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos durante su periodo como concejal.
El nuevo ministro de Trabajo, cuya imagen ha sido construida como un defensor de los derechos laborales y un promotor de la justicia social, se ve ahora involucrado en un escándalo que pone en entredicho su capacidad de liderar el Ministerio del Trabajo. Las acusaciones no solo empañan su trayectoria política, sino que también generan incertidumbre sobre el compromiso del actual gobierno con la ética y la lucha contra la corrupción. La posible vinculación de Sanguino con prácticas corruptas contradice los principios de transparencia y cambio que Petro ha defendido durante su campaña presidencial.
De acuerdo con las investigaciones, el exconcejal habría conformado una red de corrupción junto con un contratista y el entonces secretario de Salud del Distrito, con el objetivo de apropiarse de parte de los recursos destinados a la construcción del Hospital de Usme. La magnitud de esta red y la implicación de altos funcionarios en el escándalo pone de relieve la extensión de las irregularidades cometidas en esa administración. En este contexto, Sanguino no solo sería acusado de tráfico de influencias, sino también de recibir sobornos, lo que agrava aún más la situación.
El caso ha generado una gran expectación, no solo por las posibles repercusiones judiciales, sino también por las implicaciones políticas que podría tener. El presidente Petro, quien ha prometido una lucha frontal contra la corrupción, se ve obligado a enfrentar las críticas por haber nombrado a una persona bajo investigación judicial para un cargo tan sensible. Los opositores al gobierno han aprovechado esta situación para cuestionar la coherencia del mandatario con sus discursos sobre el cambio y la moralidad en la administración pública.
En medio de este panorama, Sanguino sigue al frente del Ministerio de Trabajo, mientras la justicia continúa su curso. Los colombianos, expectantes, observan cómo se desarrollará este proceso y qué decisiones tomará el gobierno ante un caso que, si bien aún está en sus primeras fases, ya ha comenzado a hacer ruido en la opinión pública. Lo que parecía ser una nueva promesa de cambio en el gobierno de Petro, podría verse opacado por las sombras de la corrupción que parecen acechar a los mismos protagonistas del “cambio”.