La renuncia de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México no ha sido un acto aislado, sino el desenlace de una serie de controversias que lo pusieron en el ojo del huracán. Nombrado en febrero de 2023 por el presidente Gustavo Petro, sin experiencia previa en el ámbito diplomático, Hernández rápidamente se convirtió en un personaje polémico. Su gestión estuvo marcada por escándalos financieros, denuncias penales e incluso una deuda millonaria con la Cancillería. La noticia de su suspensión provisional por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a raíz de su falta de requisitos para ocupar el cargo, selló su salida oficial, aunque no sin antes dejar múltiples interrogantes sobre el futuro de este funcionario en la administración de Petro.
El anuncio de su renuncia a través de redes sociales estuvo acompañado de una declaración donde agradeció al presidente la oportunidad de servir al país. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su salida no fueron precisamente las de un funcionario que concluyó su mandato con éxito. De hecho, su nombre ha sido asociado con una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos y acusaciones graves, como una denuncia penal por estafa presentada por Sonia Cuesta, una extrabajadora del Consulado. Según Cuesta, Hernández le debe 19.000 dólares, dinero que, según él, sería un préstamo personal, pero que en el contexto de la situación solo añade más incertidumbre sobre su integridad.
El caso de Andrés Hernández pone en evidencia la opaca línea entre la cercanía política y los nombramientos diplomáticos. En un sistema democrático, la selección de funcionarios de alto rango debe basarse en criterios de idoneidad, experiencia y transparencia. Sin embargo, Hernández fue designado por el presidente Petro a pesar de su escasa trayectoria en diplomacia. Esta decisión fue, sin duda, un reflejo de la confianza que el mandatario depositaba en él, aunque dicha confianza se ha visto seriamente cuestionada por los escándalos que han surgido durante su gestión. No es la primera vez que un funcionario cercano al presidente se encuentra en el centro de la polémica, pero este caso resalta por la magnitud de las acusaciones en su contra.
A lo largo de su breve paso por el servicio exterior, Hernández acumuló una serie de denuncias que van más allá de las simples irregularidades administrativas. Las acusaciones por el manejo indebido de fondos públicos, la deuda que arrastra con la Cancillería y las denuncias personales han puesto en tela de juicio no solo su ética profesional, sino también su capacidad para ejercer un cargo de esa naturaleza. La duda persiste: ¿cómo una persona con semejantes antecedentes llega a ocupar un puesto de representación diplomática tan importante para el país?
Una de las aristas más polémicas de su gestión ha sido la deuda millonaria que mantiene con la Cancillería, una cifra que supera los 54 millones de pesos colombianos. Según información de medios de comunicación, esta deuda tiene origen en un préstamo personal que el cónsul habría adquirido, lo cual, de ser cierto, pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de los recursos asignados para su misión. Este tipo de situaciones, además de la denuncia por estafa, generan una sensación de desconfianza entre los ciudadanos respecto a cómo se gestionan los nombramientos y la transparencia dentro del gobierno de Petro.
Más allá de las irregularidades administrativas, el caso de Hernández resalta un tema mucho más amplio sobre el sistema político colombiano: la relación entre el poder político y la asignación de cargos en el servicio público. En un gobierno donde las relaciones personales parecen tener un peso significativo en las decisiones, los nombramientos a veces se ven influenciados por factores ajenos a la meritocracia. Esto plantea la inquietud de si los escándalos que han salpicado a Hernández son suficientes para cerrarle las puertas del Gobierno, o si, por el contrario, su cercanía con el presidente podría garantizarle un nuevo cargo, tal vez en otro ámbito.
A pesar de los cuestionamientos, algunos analistas no descartan que Andrés Hernández pueda ser reubicado en otro cargo dentro del Gobierno, particularmente en Bogotá. En la política colombiana, los nombres vinculados a escándalos no siempre quedan fuera del circuito administrativo, y la posibilidad de que un funcionario con lazos cercanos al presidente regrese al Gobierno, aún tras su renuncia, no sería algo extraño. Sin embargo, esta posibilidad genera un debate sobre la ética de las decisiones gubernamentales y el mensaje que se envía a la sociedad.
En definitiva, la renuncia de Andrés Hernández marca un hito en la administración de Gustavo Petro, no solo por las irregularidades de su gestión, sino también por las implicaciones que este caso tiene para la percepción pública del gobierno. En un país donde la lucha contra la corrupción y la transparencia en el ejercicio del poder son cada vez más urgentes, la historia de Hernández podría ser una advertencia de que, incluso en el ámbito diplomático, la lealtad política no siempre se traduce en competencia y responsabilidad. En los próximos días, la atención estará centrada en qué futuro le depara al exfuncionario y si el Gobierno de Petro tomará medidas más estrictas para evitar que situaciones como esta se repitan.