En medio de un clima político agitado, el Gobierno Nacional ha encendido un nuevo foco de tensión que amenaza con reconfigurar el delicado equilibrio de poderes en Colombia. La intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto —amparado en una supuesta omisión del Senado— ha generado un vendaval de críticas desde distintos sectores políticos y académicos, que ven en esta jugada un riesgo latente para la estabilidad democrática y el respeto a la institucionalidad.
Todo comenzó con una declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que el Senado nunca se pronunció formalmente sobre la consulta ciudadana que fue archivada el pasado 14 de mayo. Según Benedetti, al no haberse leído una proposición previa a la votación, como lo exige la Ley Quinta del Congreso, el trámite carecería de validez. “No se sabe qué se votó”, sentenció el ministro, sugiriendo que si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio, el presidente Petro actuará por decreto.
La tesis, aunque audaz, ha sido duramente cuestionada por juristas y congresistas. Efraín Cepeda, presidente del Senado, respondió con firmeza: “La votación fue legal y válida. Pretender saltarse al Congreso con un decreto presidencial no solo es inconstitucional, sino que representa una afrenta directa al principio de separación de poderes”. Las palabras de Cepeda no son menores: en una democracia como la colombiana, el respeto a los contrapesos institucionales no es un lujo, sino una garantía fundamental.
En efecto, la Constitución es clara: una consulta popular sólo puede ser convocada tras un aval del Congreso. Intentar imponer por decreto implicaría asumir facultades que no le competen al Ejecutivo. No es una discusión menor ni una simple controversia jurídica; es un debate sobre los límites del poder presidencial y la defensa del orden constitucional. Las alarmas que se prenden no son exageradas, y la historia ha demostrado que cualquier alteración del orden legal abre la puerta a consecuencias difíciles de revertir.
Detrás de esta disputa se esconde un pulso más profundo: el del Gobierno con el Congreso. Petro, que ha chocado frecuentemente con el Legislativo, parece buscar caminos alternativos ante la falta de apoyo parlamentario. Pero hacerlo a través de decretos en materias reservadas al Congreso implica un giro preocupante en su forma de concebir el ejercicio del poder. Si bien el Ejecutivo tiene la responsabilidad de impulsar sus políticas, no puede hacerlo a costa de desdibujar los otros poderes del Estado.
No se trata de una defensa a ultranza del Congreso, institución que también enfrenta sus propios retos de legitimidad. Se trata de recordar que la democracia no se construye sobre la voluntad de un solo actor, por más elegido que sea. Gobernar implica persuadir, negociar, y respetar las reglas del juego institucional. Saltarse esos pasos es, en el fondo, admitir una incapacidad para construir mayorías y recurrir al atajo del poder concentrado.
El episodio también llega en un momento sensible: a horas de un paro nacional convocado por el propio Gobierno, que paradójicamente se presenta como manifestación ciudadana pero con un evidente trasfondo político. El mensaje es confuso y el riesgo, alto: ¿estamos ante un uso instrumental de las instituciones para imponer una agenda? ¿O ante una legítima defensa de los intereses populares frente a una clase política cerrada al cambio?
Lo cierto es que la decisión de Petro de avanzar con un decreto, de concretarse, podría abrir un litigio constitucional sin precedentes. La Corte Constitucional tendría la última palabra, pero el daño político ya estaría hecho. Colombia no necesita más fracturas entre sus poderes, sino puentes. Y esos no se construyen con ultimátums ni con interpretaciones acomodadas de la ley. Se construyen con diálogo, respeto institucional y, sobre todo, con responsabilidad democrática.