En una jornada marcada por la tensión política y las divisiones profundas, el Senado de la República tomó dos decisiones de alto calibre: enterró la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro y, en un giro inesperado, revivió la discutida reforma laboral. A pocas horas de ese agitado capítulo legislativo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, salió a dar un mensaje de contención: “La democracia habló. Hago un llamado a la calma”. Pero lo cierto es que lo que viene dista mucho de ser tranquilo.
La resurrección de la reforma laboral —luego de haber sido archivada en la Comisión Séptima— ocurre ahora con un cambio de escenario: será la Comisión Cuarta la encargada de retomar su discusión. Esta movida, avalada con una votación abrumadora (68 votos a favor y solo 3 en contra), ha sido interpretada por muchos como un triunfo parcial del Gobierno en medio de una jornada donde perdió su mayor apuesta: la consulta popular.
Cepeda, con tono mesurado, quiso enviar un mensaje institucional. Habló de respeto por las decisiones parlamentarias y de la necesidad de tramitar las reformas por las vías que establece la Constitución, no por la calle ni por mecanismos excepcionales. “La democracia habló”, insistió. Y tiene razón. Pero esa misma democracia se mostró dividida, ruidosa y con una ciudadanía atenta a cada movimiento de sus representantes.
El cambio de comisión ha generado debate. La Comisión Cuarta, encargada tradicionalmente de temas económicos, no es el espacio natural para una reforma laboral, que por norma ha sido competencia de la Comisión Séptima. El traslado, aunque legal por vía de apelación, ha sido visto por sectores de la oposición como una estrategia para sortear resistencias y abrir paso a una nueva correlación de fuerzas más favorable al Ejecutivo.
Desde el Gobierno y sus bancadas aliadas se celebra la decisión como un respiro. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que esta reforma es clave para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, garantizar derechos históricos y atacar la informalidad laboral que afecta a más del 55 % de la población económicamente activa. Para sus críticos, sin embargo, el texto original tiene serias fallas: rigidez excesiva, efectos negativos sobre la contratación y ausencia de consensos reales.
Lo que viene será una batalla técnica y política. La Comisión Cuarta deberá reabrir el articulado en el punto en que fue dejado, pero todo indica que habrá una reconfiguración de contenidos y ajustes a la luz del nuevo contexto. Si algo ha dejado claro esta legislatura, es que las mayorías son volátiles y que ningún proyecto, por importante que sea, avanza sin diálogo y negociación.
Cepeda, quien ha sabido navegar entre los extremos del espectro político, ha tratado de erigirse como garante de un Congreso deliberante y no subordinado. Su llamado a la calma no es solo un gesto simbólico, sino una apuesta por preservar la legitimidad de las decisiones parlamentarias en medio de la presión creciente de la opinión pública, los sindicatos, los gremios y el propio Ejecutivo.
El país asiste así a una nueva etapa en el largo y tortuoso camino de la reforma laboral. No será un trámite fácil, ni rápido, ni unánime. Pero será, como lo exige la democracia, en el Congreso donde se defina. El ruido seguirá, pero es en medio de ese ruido donde Colombia decide su rumbo.