En medio de un Congreso dividido, una Corte Constitucional vigilante y una agenda legislativa congestionada, el Gobierno de Gustavo Petro lanza su última carta para mantener con vida el Ministerio de la Igualdad. La creación de esta cartera, que en su momento fue uno de los estandartes discursivos del presidente y estuvo bajo el liderazgo simbólico de la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta hoy su mayor desafío: conseguir un sustento jurídico que supere los errores cometidos durante su nacimiento.
El nuevo proyecto de ley, que será radicado esta semana, busca corregir lo que la Corte Constitucional señaló como una falla insalvable: la ausencia de un aval fiscal. Este detalle, lejos de ser una simple omisión técnica, representaba una vulneración al principio de legalidad en el gasto público. A pesar del revés, el tribunal permitió que el ministerio siga funcionando hasta 2026, ofreciendo una ventana de tiempo para subsanar la falla legislativa.
Carlos Rosero, actual ministro encargado, será el encargado de liderar esta ofensiva legal. El articulado, compuesto por 16 puntos, elimina las facultades extraordinarias que en su momento generaron polémica, mantiene la estructura institucional ya en marcha, y añade elementos conceptuales como el “enfoque de sociedad de cuidado”. También se propone blindar jurídicamente los actos y decisiones ya emitidas por la cartera, en un intento por evitar vacíos legales.
Pero el contexto político no es favorable. El Congreso está inmerso en debates polarizantes como la reforma a la salud, la consulta popular propuesta por el Ejecutivo y otras iniciativas que han desgastado las relaciones entre el legislativo y la Casa de Nariño. Además, el Ministerio de la Igualdad no ha estado exento de críticas por su ejecución presupuestal, su duplicidad de funciones y su impacto real en los territorios.
El problema de fondo no es solo jurídico, sino político. ¿Está el Congreso dispuesto a respaldar nuevamente la creación de una cartera que genera dudas tanto por su operatividad como por su necesidad? ¿O este intento será visto como un esfuerzo desesperado por rescatar una bandera simbólica del petrismo en momentos en que la popularidad del Gobierno atraviesa una curva descendente?
No se puede ignorar, sin embargo, que el espíritu detrás del Ministerio de la Igualdad responde a demandas históricas de sectores vulnerables: mujeres cabeza de hogar, población LGBTIQ, comunidades étnicas y personas en situación de discapacidad. Que el vehículo institucional elegido para atender esas demandas tenga problemas no debería desacreditar el fondo de la intención.
El debate que se avecina en el Capitolio no puede reducirse a un pulso ideológico. Se trata de decidir si Colombia necesita o no un ministerio enfocado exclusivamente en cerrar las brechas sociales más profundas. El riesgo es que, por errores de forma y agendas cruzadas, se entierre una política pública antes de que tenga tiempo de madurar.
Petro y su equipo apuestan a que el Congreso corregirá el rumbo. Pero más allá de la radicación del nuevo proyecto, lo que está en juego es si la institucionalidad colombiana puede construir caminos sostenibles para la equidad o si seguirá atrapada entre el ruido político y las improvisaciones técnicas.