El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido doblar la apuesta. Este martes, la Casa de Nariño notificó oficialmente al Congreso que jugará todas sus cartas en torno a las 12 preguntas que conformarán la consulta popular que pretende llevar a las urnas. Con esta movida, el Ejecutivo no sólo revive puntos clave de su fallida reforma laboral, sino que redibuja el escenario político para los meses venideros.
Lejos de titubeos, el Gobierno manifestó su plena confianza en que la ciudadanía respalda de manera mayoritaria los planteamientos de la consulta. No se trata de una simple jugada electoral: es una confrontación directa con un Congreso que ha puesto obstáculos sistemáticos a las principales iniciativas de la administración. Y es, al mismo tiempo, una invitación —quizá una provocación— a que sea el pueblo quien desempate una pulseada institucional que lleva meses sin resolución.
Las 12 preguntas aún no han sido divulgadas en su totalidad, pero fuentes del alto gobierno señalan que en ellas se sintetiza el corazón de las transformaciones sociales propuestas por Petro: condiciones laborales dignas, ampliación de derechos sociales y garantías para los sectores históricamente marginados. En esencia, una reconfiguración del contrato social colombiano. Para el Ejecutivo, esta es más que una consulta: es un mandato pendiente.
Sin embargo, el ambiente en el Capitolio Nacional es otro. Desde ya, senadores de diferentes bancadas anticipan resistencias, algunas de fondo y otras de forma. La crítica más frecuente apunta al carácter plebiscitario del mecanismo, el cual —según detractores— podría minar la deliberación parlamentaria y convertir al Congreso en un mero espectador. A esto se suma el fantasma de consultas pasadas que, a pesar del entusiasmo popular inicial, se desinflaron por falta de participación.
Pero el oficialismo no está dispuesto a retroceder. La decisión de apostarle a las urnas revela una estrategia política clara: trasladar el debate desde los salones del Congreso hacia las plazas, los barrios, los territorios. Allí es donde el Gobierno considera que su mensaje tiene mayor resonancia. Se trata de una narrativa que intenta reconectar con una ciudadanía que, aunque fragmentada, sigue demandando cambios profundos en el modelo económico y social del país.
Más allá de los cálculos políticos, la consulta popular plantea interrogantes sobre el futuro institucional de Colombia. ¿Estamos ante una profundización de la democracia participativa o frente a una instrumentalización del voto directo para sortear el equilibrio de poderes? El desafío es enorme, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, que deberá decidir si bloquea o permite que el pueblo decida directamente sobre asuntos de alta sensibilidad política.
En el fondo, este es un momento bisagra para el proyecto de gobierno de Gustavo Petro. Tras derrotas legislativas y señales de desgaste político, la consulta se presenta como un acto de fe en la voluntad popular. Un recurso audaz que podría consolidar su legado reformista o acelerar la erosión de su capital político. Todo dependerá no solo del contenido de las preguntas, sino de la capacidad de movilizar una ciudadanía muchas veces escéptica.
Lo cierto es que, con esta movida, la Casa de Nariño ha trazado una línea clara en la arena. Ya no se trata de convencer a los legisladores, sino de convocar a la nación. A partir de ahora, la política se jugará más en la calle que en los pasillos del Congreso. Y en ese terreno incierto, donde convergen esperanzas y temores, se librará una de las batallas más significativas del presente gobierno.