La tensión institucional: Presidencia y Congreso libran una semana decisiva

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En medio de un clima político cargado de tensiones, el Congreso de la República se convierte esta semana en el escenario de una triple batalla legislativa que podría redefinir el equilibrio de poderes en Colombia. Oficialismo y oposición se miden en tres frentes de alta sensibilidad política: la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional, el tercer debate de la reforma a la salud y el proyecto de ley que abriría la puerta a una consulta popular. En el fondo, más que iniciativas puntuales, lo que se disputa es la dirección misma del país.

Cada uno de estos debates tiene un carácter estratégico. La elección del nuevo magistrado constitucional, por ejemplo, no es simplemente un acto de rutina democrática: implica, de manera directa, un reacomodo en una de las cortes más influyentes del país, cuya voz ha sido decisiva en el control de reformas estructurales y en la defensa de derechos fundamentales. Para el Gobierno, garantizar un perfil cercano a sus principios es una manera de blindar jurídicamente su agenda; para la oposición, resistir ese nombramiento es una forma de frenar lo que consideran una concentración excesiva de poder.

El segundo frente de la semana será el tercer debate de la reforma a la salud, uno de los pilares del programa del presidente Gustavo Petro. La iniciativa ha generado un revuelo sin precedentes, tanto por su contenido como por el proceso legislativo que ha enfrentado, marcado por aplazamientos, recusaciones y acusaciones cruzadas. El oficialismo insiste en que la reforma es vital para superar un modelo que privilegia la intermediación financiera por encima de los derechos ciudadanos. La oposición, en cambio, denuncia un intento por estatizar el sistema y debilitar la autonomía técnica de los prestadores de servicios.

Pero quizás el punto más simbólico –y polémico– sea el proyecto que busca habilitar una consulta popular nacional. Aunque el Gobierno no ha definido de manera explícita la pregunta que se someterá al escrutinio de los colombianos, el solo hecho de impulsar un mecanismo de participación directa en este momento ha encendido las alarmas. Para muchos sectores, se trata de una jugada política que busca movilizar a las bases del petrismo y presionar al Congreso a aprobar reformas que no logran consenso. Para otros, es simplemente el uso legítimo de las herramientas de la democracia participativa.

Detrás de estos tres escenarios subyace una pregunta más profunda: ¿quién gobierna en Colombia? Si el Congreso bloquea las reformas del Ejecutivo, ¿tiene este el derecho –o la obligación– de acudir al pueblo? ¿Hasta qué punto los contrapesos institucionales son salvaguarda de la democracia y no un freno a su transformación? La coyuntura actual no ofrece respuestas simples, pero sí exige una lectura seria y reposada del momento político que vive el país.

Mientras tanto, las plenarias del Senado y la Cámara, y las comisiones correspondientes, se llenan de negociaciones, discursos encendidos y maniobras tácticas. La política colombiana, como pocas veces, se juega a plena luz del día, con una ciudadanía cada vez más atenta y con redes sociales que amplifican cada declaración y cada voto. El Congreso no sólo legisla: también actúa para una opinión pública polarizada, que exige coherencia, pero que castiga con rapidez cualquier paso en falso.

En este contexto, los partidos tradicionales también enfrentan su propio dilema: ¿seguir haciendo equilibrios entre apoyar lo popular y proteger lo institucional, o decantarse con claridad hacia uno de los dos extremos del espectro político? La respuesta podría redefinir no solo el futuro inmediato de las reformas, sino el mapa electoral de cara a las próximas elecciones.

Lo que está en juego, en últimas, no es solo un magistrado, una reforma o una consulta. Es el tipo de democracia que queremos construir: una basada en consensos institucionales o una que privilegie la voluntad popular directa. Y aunque la historia dirá quién tuvo razón, lo cierto es que esta semana, en el Capitolio Nacional, se escriben capítulos clave del presente político de Colombia.