Una vez más, Barranquilla se ve relegada en el tablero de las decisiones nacionales. A menos de dos meses del inicio del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FMMD), el evento internacional fue trasladado sorpresivamente a Riohacha, en una decisión anunciada sin previo aviso por el presidente Gustavo Petro desde Honduras, en medio de su participación en la Cumbre de la Celac. La capital del Atlántico, que ya venía trabajando activamente en los preparativos logísticos, financieros e institucionales, recibió la noticia como un baldado de agua fría.
“El Foro de Migraciones se hará en la ciudad de Riohacha”, dijo Petro con contundencia, pero sin mayores explicaciones. La frase, lanzada en medio de otros anuncios multilaterales, bastó para encender las alarmas y dejar un aire de improvisación que inevitablemente remite a la dolorosa pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, otra decisión que aún duele en la región Caribe y que cuestiona la estabilidad del Gobierno en su relación con las ciudades intermedias.
La magnitud del evento no es menor: se espera la llegada de más de 2.000 delegados internacionales, entre representantes de gobiernos, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en migración. Barranquilla, con su infraestructura hotelera, su conectividad aérea y su experiencia reciente en eventos de gran envergadura, se perfilaba como la sede natural. La ciudad, incluso, ya había recibido delegaciones de avanzada y realizado inversiones logísticas.
El traslado a Riohacha, aunque simbólicamente relevante por su cercanía a la realidad migratoria de la frontera con Venezuela, plantea interrogantes logísticos complejos. ¿Cuenta la capital guajira con la infraestructura para acoger una cumbre de esta escala en tan poco tiempo? ¿Hay garantía de conectividad aérea, alojamiento y seguridad para las delegaciones extranjeras? Hasta ahora, el Gobierno nacional no ha ofrecido respuestas detalladas.
Para Diego Chaves, director para América Latina y el Caribe del Instituto para las Políticas Migratorias, la decisión va más allá de un simple cambio de sede: “Se desconocen las capacidades instaladas de Barranquilla y se envía un mensaje inquietante sobre la seriedad institucional del país. Este tipo de decisiones deben ser consensuadas y no impuestas desde la coyuntura política o simbólica”, afirmó en entrevista con El Tiempo.
Desde la Alcaldía de Barranquilla no ha habido un pronunciamiento oficial, pero fuentes cercanas aseguran que el malestar es profundo. La ciudad ya había integrado al sector privado y a las universidades en la organización del evento, y ahora se enfrenta al sinsabor de haber sido excluida sin explicaciones. La molestia no es solo local: gremios, empresarios y actores regionales ven con creciente desconfianza la forma en que el Gobierno central toma decisiones que afectan sus territorios.
La decisión presidencial también se produce en un momento particularmente sensible. Las tensiones entre el Ejecutivo y las regiones han ido en aumento, y el Caribe colombiano ha manifestado sentirse marginado en varios frentes. En ese contexto, el traslado del foro a Riohacha, aunque podría tener un trasfondo de visibilización territorial, deja la sensación de una jugada abrupta más que una apuesta estratégica.
Lo que debía ser una plataforma de diálogo internacional sobre migración, se ha convertido en un nuevo campo de tensión entre el centro del poder y las regiones. Mientras tanto, Riohacha asume el reto con urgencia y Barranquilla, una vez más, queda con la experiencia de haber preparado una gran fiesta para la que —sin previo aviso— se cambió la dirección de la invitación.