En el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, un ambicioso proyecto cultural ha terminado por convertirse en otro capítulo de una historia que, para muchos, ya parece escrita con tinta de escándalo. La construcción del Parque de Artes y Oficios (PAO), una iniciativa pensada para recuperar el antiguo complejo ferroviario y devolverle a la comunidad un espacio para la cultura y la innovación, hoy está atrapada entre demoras, promesas incumplidas y señalamientos de irregularidades que evocan el polémico caso de Aguas Vivas en Medellín.
La empresa IDC Inversiones SAS, seleccionada como contratista principal del PAO, es la misma que aparece en la imputación de cargos por peculado por apropiación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En ese expediente, IDC fue señalada por su presunta participación en manejos irregulares relacionados con los recursos de la obra de los tanques de Aguas Vivas. Ahora, la firma vuelve a ocupar titulares, esta vez por el manejo del contrato 076-IA-2022, firmado con la Empresa para el Desarrollo Urbano y Rural de Bello (Edunorte), que acumula siete prórrogas y un retraso superior a un año.
El contrato, suscrito el 11 de octubre de 2022 con un plazo inicial de 14 meses, debió culminar antes del 30 de diciembre de 2023. Sin embargo, las obras aún están lejos de finalizar. La última prórroga extiende la ejecución hasta junio de 2025, lo que ha despertado suspicacias no solo entre los veedores ciudadanos, sino también en los entes de control. Con más de $80.000 millones comprometidos, de los cuales $60.000 millones fueron aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, crecen las preguntas sobre en qué se ha invertido ese dinero.
Los problemas no se limitan al calendario. Según testimonios de varios trabajadores, IDC no solo ha incumplido con la entrega de la obra, sino también con sus obligaciones laborales. “Nos deben quincenas, prestaciones sociales, y a algunos no nos han pagado ni las liquidaciones”, denunció un extrabajador que pidió no revelar su nombre por temor a represalias. Estas denuncias, más allá del drama humano que implican, podrían constituir faltas contractuales graves que deben ser evaluadas con lupa por las autoridades correspondientes.
Desde el punto de vista legal, el caso ya plantea interrogantes sobre los procesos de selección y seguimiento de contratistas en las entidades públicas. A pesar de que IDC ya figuraba con antecedentes cuestionables en el radar de la opinión pública, Edunorte le adjudicó uno de los contratos más grandes de la historia reciente del municipio. ¿Faltaron controles? ¿Se hizo una debida diligencia en la contratación? ¿Quién responde por los recursos invertidos y las obras pendientes?
El proyecto PAO prometía ser un faro para la transformación cultural de Bello. En su diseño se contemplaba un teatro para más de 600 personas, bibliotecas, escuelas de música y espacios para las artes escénicas. Pero hoy, en lugar de levantar escenarios, el proyecto parece levantar sospechas. La comunidad, que esperaba con ilusión la recuperación de un espacio histórico, observa ahora con escepticismo el avance lento y accidentado de las obras.
Mientras tanto, el contratista mantiene el control de la ejecución, la interventoría continúa sin alertas contundentes, y la administración municipal guarda silencio frente a los constantes retrasos. A todo esto se suma el agravante de que las conexiones entre este contrato y el escándalo de Aguas Vivas aún no han sido plenamente esclarecidas, lo que mantiene una nube de incertidumbre sobre el futuro del proyecto y sobre el destino de los dineros públicos.
El caso del PAO en Bello confirma que los escándalos no son episodios aislados, sino síntomas de una enfermedad más profunda: la debilidad estructural en la contratación pública. La ciudadanía exige respuestas, acciones y responsabilidades. Porque cuando las promesas se construyen con papel mojado, las obras quedan enterradas entre la burocracia, el olvido y, tristemente, la corrupción.