En medio del creciente debate sobre el referendo que busca ampliar la autonomía fiscal de las regiones, la Fundación Innovación para el Desarrollo, liderada por el expresidente Iván Duque, ha encendido las alertas con un informe que plantea tanto los beneficios como los riesgos de esta iniciativa. Aunque el documento reconoce el potencial de esta propuesta para dinamizar la economía local y formalizar el aparato productivo, también señala que la descentralización tributaria, si no se acompaña de ajustes estructurales, podría convertirse en un boomerang para las finanzas nacionales.
El análisis, realizado en conjunto con el Center for Prosperity and Freedom, advierte que permitir a los departamentos la administración de tributos como la renta y el patrimonio, al tiempo que se fortalecen las transferencias vía Sistema General de Participaciones (SGP), podría generar una superposición de recursos sin coordinación, con el consecuente riesgo de duplicidad, ineficiencia y desbalance fiscal.
“El entusiasmo por una mayor autonomía no puede ocultar las complejidades del diseño institucional colombiano”, señala el informe. En otras palabras, descentralizar sin antes resolver los vacíos legales y técnicos en la administración de recursos es una apuesta peligrosa. La experiencia internacional ha demostrado que la autonomía fiscal sin una arquitectura de compensación y control genera más inequidades que soluciones.
Entre los beneficios destacados, el informe resalta la posibilidad de empoderar a las regiones para diseñar políticas públicas más ajustadas a sus realidades, mejorar la eficiencia en la inversión pública y estimular la competitividad territorial. Sin embargo, la advertencia es clara: sin reglas de juego sólidas, esa descentralización podría terminar debilitando la unidad fiscal del Estado y dejando a los territorios más pobres en una posición aún más vulnerable.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con la sostenibilidad fiscal. De acuerdo con el documento, en el actual panorama económico —marcado por déficit estructurales y presiones de gasto— no es viable sumar nuevas cargas sin reducir otras o sin garantizar ingresos alternativos. De lo contrario, la descentralización terminaría erosionando el equilibrio macroeconómico que tanto ha costado construir.
El documento también invita a repensar el papel del Estado central en una posible reforma fiscal estructural. Lejos de rechazar la autonomía regional, propone una visión gradual, técnica y articulada, donde los territorios asuman más responsabilidades, sí, pero acompañados de formación, tecnología y marcos normativos modernos que eviten caer en el caos administrativo.
El informe de la Fundación Duque no busca cerrar el debate, sino ampliarlo. En un país tan desigual como Colombia, donde el acceso a servicios públicos varía dramáticamente entre departamentos, cualquier propuesta de descentralización debe ser analizada con lupa. Y en ese sentido, este documento llega en un momento clave, cuando las reformas estructurales se discuten en el Congreso y la descentralización vuelve a ocupar titulares.
Al final, lo que está en juego no es solo un modelo fiscal, sino la capacidad del país para avanzar hacia un desarrollo territorial justo y sostenible. La autonomía, como bien apunta el informe, es un medio, no un fin. Y como tal, debe construirse sobre consensos técnicos y políticos que pongan en el centro al ciudadano, y no a las coyunturas del poder.