El nombramiento de Richard Gamboa Ben-Eleazar como nuevo director de Asuntos Religiosos en el Ministerio del Interior ha generado un gran revuelo, especialmente en la comunidad cristiana y evangélica del país. A pesar de su designación por parte del presidente Gustavo Petro, la figura de Gamboa no ha logrado convencer a todos, especialmente debido a las dudas sobre su formación como rabino y su capacidad para asumir un cargo tan relevante dentro de la estructura del Estado. En un país con una gran diversidad religiosa, esta polémica ha puesto en el centro del debate la transparencia y la legitimidad en los nombramientos públicos.
Richard Gamboa Ben-Eleazar, quien ha sido identificado como un rabino antisionista, se enfrenta a una creciente controversia debido a las interrogantes sobre la autenticidad de su título como rabino. Según algunas fuentes, su certificación como rabino habría sido adquirida en línea por un precio relativamente bajo, alrededor de 150 dólares, lo que ha encendido las alarmas sobre la calidad y la seriedad de su formación. En un cargo como el de director de Asuntos Religiosos, que implica representar a las diversas confesiones ante el Estado, estas dudas sobre su idoneidad son, sin duda, preocupantes.
La presidenta de la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), Lyda Elena Arias, fue una de las primeras en manifestar públicamente su preocupación. Arias pidió que se aclare de manera formal la legitimidad de Gamboa como rabino, resaltando que las dudas sobre su certificación pueden cuestionar su capacidad para ocupar un puesto de tal relevancia. Además, instó a que se realice una investigación sobre el proceso que llevó a su nombramiento, ya que, según la líder evangélica, la falta de transparencia podría dañar la confianza de las comunidades religiosas en el gobierno.
La comunidad evangélica, que representa a un importante sector de la población colombiana, también ha señalado que la persona encargada de dirigir los Asuntos Religiosos debe ser alguien que cuente con el reconocimiento formal de su comunidad de fe. Según Arias, este reconocimiento es clave para garantizar la eficacia y la legitimidad del cargo, y para asegurar que quien lo ocupe tenga la capacidad de representar adecuadamente las diversas tradiciones religiosas del país. Para muchos, la elección de Gamboa plantea serias dudas sobre la alineación del gobierno con los principios de representatividad y equidad que deberían guiar la gestión pública.
Este tipo de nombramientos no solo afecta a las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas, sino que también pone en evidencia la importancia de la transparencia en los procesos de selección de altos funcionarios. El Gobierno de Gustavo Petro ha sido criticado en diversas ocasiones por sus decisiones, y este nombramiento no ha sido la excepción. La comunidad evangélica exige que el presidente Petro, como representante del Estado, garantice que la persona designada para un cargo tan sensible como el de Asuntos Religiosos cumpla con los requisitos mínimos de idoneidad y reconocimiento dentro de su propia tradición religiosa.
El rabino antisionista Gamboa, en el contexto de este nombramiento, también se enfrenta a críticas por su postura política, que algunos consideran controversial, sobre todo por su visión crítica hacia el Estado de Israel. Su nombramiento en un momento de alta polarización política y religiosa ha generado aún más incertidumbre, no solo en el ámbito evangélico, sino también en otras comunidades religiosas que se sienten representadas por la Dirección de Asuntos Religiosos. La situación plantea un reto para el Gobierno, que deberá demostrar que el proceso fue manejado de manera transparente y que la elección de Gamboa responde a criterios de verdadera capacidad para el cargo.
El papel de la Dirección de Asuntos Religiosos es crucial para la construcción de puentes entre las distintas comunidades de fe en Colombia, y su director debe ser alguien con una trayectoria intachable y una sólida capacidad para el diálogo interreligioso. El presidente Petro tiene la responsabilidad de asegurar que su administración no solo respete la diversidad religiosa, sino que también actúe con total transparencia en los nombramientos que afectan directamente a la pluralidad del país.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la figura de Richard Gamboa, sino la credibilidad de un gobierno que ha prometido ser inclusivo y respetuoso de todas las creencias. La comunidad evangélica, como parte integral de la sociedad colombiana, tiene todo el derecho de exigir claridad y legitimidad en los nombramientos que afectan su representación política y religiosa. La falta de transparencia en este caso podría tener repercusiones más amplias, afectando la confianza en las instituciones y en el compromiso del gobierno con la pluralidad religiosa en el país.