En un ambiente político marcado por acusaciones cruzadas y escándalos que parecen no dar tregua, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, volvió a agitar las aguas del debate público. Esta vez, el economista arremetió directamente contra exministros de Hacienda y del Interior de administraciones anteriores, a quienes responsabilizó de haber instaurado el cuestionado sistema de cupos indicativos, más conocido en el argot político colombiano como la ‘mermelada’.
Las declaraciones se dan en un momento clave: Reyes fue citado por la Fiscalía General de la Nación para declarar bajo juramento por presuntas irregularidades relacionadas con la designación de funcionarios al interior de la Dian, en lo que algunos sectores han señalado como el uso de cuotas políticas dentro de una entidad clave para la administración pública. Sin embargo, lejos de asumir una posición defensiva, el exfuncionario ha optado por señalar hacia arriba en la cadena de responsabilidad.
“La hipocresía de algunos exministros que hoy se presentan como los grandes salvadores técnicos del país es simplemente inaceptable”, escribió Reyes en su cuenta de X (antes Twitter). Según él, estos mismos personajes fueron los arquitectos del sistema que permitió a congresistas y líderes políticos manejar presupuestos a través de favores burocráticos y contratos, lo que más tarde derivó en prácticas de corrupción estructural.
El sistema de los cupos indicativos, instaurado bajo la justificación de agilizar proyectos de inversión local, pronto se convirtió en sinónimo de tráfico de influencias. Su lógica es sencilla, pero polémica: asignar partidas presupuestales a congresistas para que las gestionen en sus regiones, muchas veces sin un control riguroso sobre la ejecución. Con el paso del tiempo, este mecanismo degeneró en un botín político, utilizado para garantizar apoyos legislativos y cuotas de poder.
Las palabras de Reyes no caen en saco roto. El país sigue estremecido por las revelaciones del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde incluso congresistas de la Comisión de Crédito Público han sido vinculados en investigaciones por presuntos manejos irregulares de recursos. En medio de este contexto, la mención a los exministros reaviva una discusión de fondo sobre la responsabilidad histórica de las élites técnicas en la gestación de prácticas hoy reprochadas.
Voceros de partidos tradicionales han reaccionado con prudencia, algunos calificando las declaraciones de Reyes como una estrategia para desviar la atención. No obstante, desde otros sectores del espectro político, especialmente los críticos del establishment, ha habido respaldo a su denuncia, argumentando que por años se ha maquillado la corrupción bajo un velo de tecnocracia.
Por ahora, el país queda a la expectativa de la comparecencia de Reyes ante la Fiscalía, un episodio que podría traer nuevas revelaciones sobre cómo operan las redes de poder político-burocrático en Colombia. Más allá de su situación personal, sus palabras parecen haber abierto una grieta incómoda en la narrativa de quienes hoy se presentan como impolutos gestores del erario.
Lo cierto es que la llamada “mermelada” dejó de ser una metáfora jocosa para convertirse en un asunto judicial de primer orden. Y mientras el país intenta desmontar los legados de corrupción, las preguntas sobre quiénes los construyeron siguen emergiendo con más fuerza que nunca.