El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis financiera que se agudiza con el paso de los días. En las últimas semanas, ha salido a la luz una deuda colosal que las gestoras farmacéuticas mantienen con el sector salud, alcanzando la cifra alarmante de $4,4 billones. Esta situación compromete gravemente la sostenibilidad de las entidades prestadoras de salud (EPS) y afecta directamente a los pacientes, quienes se ven privados de medicamentos esenciales debido a las dificultades de abastecimiento. De este monto, $3 billones corresponden a una deuda que ha superado los 600 días, lo que pone en riesgo la atención oportuna y de calidad a millones de colombianos.
La situación se agrava al considerar que son al menos siete gestoras asociadas a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) las que han acumulado una deuda impaga con el sistema de salud. Este incumplimiento afecta gravemente tanto a los hospitales como a los pacientes que dependen de los medicamentos para tratar sus enfermedades. Las farmacéuticas, aunque conscientes de la crisis, se han visto obligadas a entregar medicamentos utilizando sus propios recursos, lo que refleja la fragilidad del sistema de pagos y la falta de coordinación entre las partes involucradas.
La administración del presidente Gustavo Petro ha señalado con preocupación el papel de estas gestoras farmacéuticas, a quienes acusa de estar acaparando medicamentos escasos. La denuncia es clara: las EPS se ven privadas de los insumos necesarios para garantizar el acceso a tratamientos adecuados. En ciudades como Cali, se han documentado casos en los que las farmacias aplican medidas como el pico y cédula para distribuir medicamentos, una práctica que crea aún más tensiones y frustraciones entre los usuarios, quienes deben esperar por horas y, en ocasiones, enfrentarse entre ellos para obtener un fármaco.
Uno de los casos más sonados en esta polémica involucra a Audifarma, una de las compañías más grandes del sector, sobre la que el Ministerio de Salud presentó una denuncia formal. Las autoridades aseguran que, además de acaparar los medicamentos, estas gestoras están contribuyendo a la falta de transparencia y a la inequidad en la distribución de recursos. A nivel nacional, se estima que cinco grandes compañías concentran el 80% del mercado de los medicamentos, lo que crea una situación de monopolio que dificulta la competencia y empeora la crisis de abastecimiento.
El desabastecimiento de medicamentos ha alcanzado niveles alarmantes, y los usuarios, especialmente los más vulnerables, se ven afectados de manera directa. Casos como el de un paciente en Barranquilla, quien acudió a un dispensador de Cafam y se le negó un medicamento para el tratamiento del dolor de rodilla, han ganado visibilidad en las redes sociales. El presidente Petro compartió el video de este incidente en su cuenta de X, lo que provocó una ola de indignación entre los ciudadanos, que ya se sienten abandonados por un sistema de salud cada vez más deteriorado.
Este tipo de situaciones refleja una falta de compromiso y responsabilidad por parte de las gestoras, que al parecer priorizan sus propios intereses económicos sobre el bienestar de los pacientes. La deuda acumulada, que ya se acerca a los $4,4 billones, pone en evidencia la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar la atención médica. Si bien el Gobierno ha tomado medidas, el panorama sigue siendo incierto y la solución parece distante, mientras millones de colombianos esperan una respuesta eficaz que logre restablecer el equilibrio en el sistema.
El impacto de esta crisis no solo se limita al ámbito económico, sino que afecta profundamente la salud pública. La falta de medicamentos y la mala distribución de los mismos resultan en un debilitamiento del sistema de salud, que, a su vez, afecta la calidad de vida de los pacientes. Especialmente en regiones apartadas, donde las EPS tienen menos capacidad operativa, el desabastecimiento puede tener consecuencias fatales para aquellos que dependen de tratamientos constantes y urgentes.
En conclusión, la crisis financiera del sistema de salud colombiano requiere una intervención urgente y decidida. Es fundamental que tanto el Gobierno como las gestoras farmacéuticas y las EPS trabajen de manera conjunta para resolver este grave problema. La deuda de $4,4 billones es una cifra que no se puede ignorar, y el bienestar de millones de ciudadanos no puede seguir siendo un tema secundario. La transparencia, el control y la justicia deben ser principios rectores para superar esta crisis y garantizar que la salud sea, finalmente, un derecho accesible para todos los colombianos.