En un nuevo episodio de violencia que agobia al sur del país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha condenado con firmeza los atentados perpetrados por las disidencias de las extintas FARC en el departamento del Cauca. Estos actos terroristas, que dejaron seis civiles y un policía heridos, reflejan la persistencia de grupos armados ilegales que siguen sembrando el terror en diversas regiones de Colombia. El gobierno, a través de sus autoridades, ha reiterado la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana para combatir la violencia y las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.
Lo sucedido, además de la evidente tragedia humana, tiene una carga simbólica que no pasa desapercibida. Los atentados, ocurridos justo en el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, líder histórico de las FARC, parecen estar marcados por una intención de conmemorar al guerrillero mediante la perpetuación del terrorismo. Las disidencias de las FARC, bajo los nombres de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, continúan operando en el Cauca, donde el narcotráfico y el terrorismo siguen siendo flagelos que deterioran la seguridad y el bienestar de los habitantes.
El ministro Sánchez no dudó en calificar los atentados como “cobardes” y “terroristas”, dejando en claro que el objetivo de estas organizaciones criminales no es otro que mantener el caos y el sufrimiento de las comunidades más vulnerables. En su declaración, recordó que Marulanda Vélez, cuyo legado de violencia y narcotráfico sigue vigente en las estructuras disidentes, fue un personaje con más de 150 órdenes de captura en Colombia y 21 a nivel internacional. Los delitos que pesan sobre su figura incluyen desde secuestros y extorsiones hasta narcotráfico y reclutamiento de menores, lo que resalta la magnitud de las amenazas que enfrentaba el país antes de la desmovilización de las FARC.
Sin embargo, lo más preocupante de este tipo de ataques no es solo la violencia en sí misma, sino el uso de métodos cada vez más sofisticados, como el atentado reciente que involucró una motocicleta cargada con explosivos. Este tipo de acciones reflejan la capacidad de las disidencias para llevar a cabo operaciones letales que no discriminan entre objetivos, y que, por lo general, terminan afectando a la población civil que poco o nada tiene que ver con los conflictos que azotan a la región. La población se encuentra atrapada entre la amenaza constante y la impotencia frente a unos actores armados que parecen no tener límites.
Ante tal situación, el Gobierno Nacional ha decidido ofrecer una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables de estos atentados. Este incentivo económico es una estrategia que busca incentivar la denuncia ciudadana, herramienta clave en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. El ministro Sánchez hizo un llamado expreso a la colaboración de los colombianos, subrayando que cada pista puede ser crucial para desmantelar las redes de los terroristas y garantizar la seguridad de la población.
El gobierno, en conjunto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ha intensificado las operaciones en el Cauca, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades aseguran que se están ejecutando operativos en varias áreas de la región con el objetivo de neutralizar a los responsables de estos ataques y desmantelar las estructuras criminales que siguen operando con impunidad. No obstante, la tarea no es sencilla, ya que las disidencias de las FARC han logrado establecer complejas redes de apoyo logístico y financiero que les permiten mantener una resistencia armada.
La situación en el Cauca refleja el complejo panorama de seguridad que enfrenta Colombia, donde la paz no es un logro consolidado y las amenazas persisten. Las víctimas de estos atentados no solo son números en las estadísticas oficiales, sino personas reales cuyas vidas se ven truncadas por la violencia. La responsabilidad recae, no solo en las autoridades, sino en la sociedad civil, que debe mantener su compromiso en la lucha por la paz. La participación activa de los ciudadanos, en conjunto con la acción de las fuerzas del orden, es vital para garantizar que los victimarios no sigan avanzando en su propósito de desestabilizar el país.
En este contexto, el llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento de las instituciones es más urgente que nunca. La violencia de las disidencias de las FARC es solo una de las muchas manifestaciones de la criminalidad que sigue acechando a Colombia. La lucha contra el terrorismo debe ser un esfuerzo conjunto, que no solo dependa de las Fuerzas Militares y la Policía, sino también de una ciudadanía dispuesta a colaborar, a defender su territorio y a exigir que la justicia prevalezca por encima de la impunidad. Solo así, Colombia podrá caminar hacia un futuro en el que el miedo y el terror no sean los protagonistas de su historia.