La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. Durante el más reciente consejo de ministros, el Gobierno Nacional intentó despejar las dudas y ofrecer un panorama sobre la situación actual del sistema, en el que se incluyen los pagos y las deudas con las EPS y otros prestadores de servicios de salud. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que los funcionarios intentaron transmitir.
El director de la ADRES, Félix León Martínez, ofreció un desglose de los recursos que han sido girados a las EPS bajo el gobierno actual, asegurando que no existen deudas pendientes. Sin embargo, la excepción de los ajustes de presupuestos máximos de 2022, que implican más de 400.000 millones de pesos por girar al Ministerio de Hacienda, deja abierta la puerta a la incertidumbre. Estas cifras, aunque ostensibles, no logran reflejar la magnitud de los problemas estructurales que aquejan al sistema.
Por otro lado, el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, dejó en claro que una de las razones fundamentales para la crisis que hoy vive el sector es el impago de cuentas por parte de las EPS y las gestoras farmacéuticas. Estas entidades deben más de 15 billones de pesos a los prestadores de servicios, sin incluir la deuda de la Nueva EPS. A este monto se suman los 907.000 millones de pesos que deben las farmacéuticas por insumos y medicamentos. Esta información confirma lo que muchos ciudadanos y trabajadores del sector ya venían denunciando: el sistema está al borde del colapso por una cadena de impagos que afecta tanto a los proveedores de salud como a los pacientes.
Lo más preocupante es que, a pesar de estos números abrumadores, el gobierno no parece tener una solución efectiva a corto plazo. Mientras tanto, la crisis sigue golpeando con fuerza a los colombianos, quienes, en su mayoría, enfrentan largas esperas y falta de recursos para acceder a tratamientos médicos. La falta de compromiso y transparencia en la gestión de estos recursos agrava aún más la situación, provocando desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal a la salud.
Un aspecto igualmente grave es la denuncia de interferencia en la protesta de los pacientes en Cali. En medio de un plantón en la ciudad, algunos manifestantes acusaron de recibir pagos para bloquear las vías. Esta situación no solo refleja la falta de organización en las protestas, sino también el grado de manipulación política que se está viviendo en torno a los problemas de salud en el país. La incapacidad de las autoridades para manejar de manera efectiva las protestas y demandas sociales solo contribuye a la sensación de abandono y desamparo de los colombianos.
Además, durante el consejo de ministros se habló de la intervención en la auditoría a una de las bodegas de Audifarma, donde se encontraron fotografías de insulina almacenada de manera inapropiada. Este tipo de hallazgos evidencia las fallas en el control y la distribución de insumos médicos, poniendo en peligro la vida de los pacientes que dependen de estos tratamientos. La falta de supervisión adecuada y la corrupción dentro de las empresas prestadoras de servicios de salud son factores que, lejos de ser una excepción, se han convertido en la norma.
En medio de esta tormenta, el Gobierno ha hecho promesas, pero los resultados siguen siendo esquivos. Las soluciones a los problemas estructurales del sistema de salud parecen estar atrapadas en un ciclo de anuncios vacíos y una falta de acción concreta. La crítica ciudadana y la presión de los sectores más afectados se intensifican, pero hasta ahora las respuestas oficiales han sido insuficientes.
El sistema de salud en Colombia enfrenta un momento de crisis sin precedentes, donde las deudas se acumulan y los pacientes siguen siendo los más perjudicados. La tarea del gobierno, en lugar de delegar responsabilidades y ofrecer cifras que poco resuelven, debería centrarse en medidas contundentes que garanticen la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos. Sin cambios reales en la estructura del sistema, la salud de los colombianos seguirá siendo una de las grandes preocupaciones de un país que, más que nunca, necesita respuestas efectivas.