El 25 de marzo de 2025, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se enfrentará a la justicia en un caso que promete ser uno de los más emblemáticos de su carrera política. La imputación por el escándalo del predio Aguas Vivas no solo ha sacudido el panorama político de la ciudad, sino que también ha dejado al descubierto un complejo entramado de intereses políticos y negocios oscuros que, de acuerdo con las autoridades, podrían haberle costado al erario más de $48.000 millones. Un verdadero escándalo que involucra a varios exfuncionarios de su administración, así como a empresarios de renombre, en lo que parece ser un claro ejemplo de cómo las instituciones públicas se ven manchadas por la corrupción.
El predio Aguas Vivas, ubicado en una zona estratégica entre El Poblado y Las Palmas, es el epicentro de este escándalo. Con 147.000 metros cuadrados, la propiedad pasó de ser un terreno con un valor catastral de menos de tres mil millones de pesos a convertirse en un activo que, según los involucrados, podría alcanzar un valor de casi $48.000 millones. Pero el aumento de su valor no es fruto de un proceso transparente o legítimo, sino de una serie de maniobras que, según las investigaciones, apuntan a un posible uso de influencias políticas para revalorar el lote y hacerlo atractivo para su venta futura.
El caso gira alrededor de un grupo de personajes clave, entre los que destacan Felipe Agudelo Mesa y Carlos Mario Montoya Serna. Agudelo, un empresario con estrechos lazos con el exgobernador Luis Pérez, ha sido señalado como uno de los principales responsables del negocio ilícito relacionado con Aguas Vivas. Junto a Montoya, quien se desempeñó como secretario de Gestión y Control Territorial en la Alcaldía de Medellín, tejieron una red de intereses que involucró a altos funcionarios de la administración de Quintero. Estos actores, además de estar vinculados a la venta del predio, habrían utilizado su influencia para manipular las condiciones legales y financieras que rodearon la cesión del terreno a la Alcaldía.
El terreno fue originalmente adquirido en 2014 por un precio bajo, pero la situación dio un giro en 2016 cuando, bajo el mandato de Luis Pérez como gobernador, el uso del suelo fue modificado. A partir de ese momento, Aguas Vivas pasó a formar parte de un proyecto de ecoparque, aunque con restricciones significativas para su desarrollo. Lo que parecía ser un terreno poco atractivo para la construcción pasó a tener un valor estratégico, lo que abrió la puerta a una maniobra para convertirlo en una pieza clave en el mercado de compensación urbanística.
Una de las figuras que emerge con fuerza en este laberinto es Alethia Carolina Arango Gil, quien ocupó importantes cargos en la administración de Quintero, como directora del DAGR y subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Arango, quien carecía de experiencia en el sector, se convirtió en la defensora de las condiciones que favorecían a los dueños de Aguas Vivas, permitiendo que el terreno fuera revalorizado y que se facilitaran los trámites para su traspaso al Municipio, a pesar de las irregularidades que varios funcionarios habían señalado desde el principio.
El proceso de transferencia del terreno a la Alcaldía, que inicialmente se realizó en diciembre de 2019, estuvo marcado por controversias y sospechas de manipulación. A pesar de que el terreno había sido cedido gratuitamente, los dueños de Aguas Vivas insistieron en modificar las condiciones del acuerdo, exigiendo que si no encontraban comprador para el lote en un año, el Municipio debía asumir el costo y pagar el precio que ellos fijaran. Este tipo de presiones no solo pone en evidencia la falta de transparencia en el manejo de los bienes públicos, sino también la facilidad con la que algunos actores políticos pueden manipular el sistema en su beneficio.
Las tensiones internas en la Alcaldía de Medellín se hicieron evidentes cuando algunos funcionarios honestos comenzaron a cuestionar el trato privilegiado que se le estaba dando a los empresarios involucrados en el negocio de Aguas Vivas. La resistencia a este tipo de acuerdos fue sofocada rápidamente, y algunos servidores públicos que se oponían a la negociación fueron removidos de sus cargos, dejando en claro el poder que ciertos grupos de interés ejercían dentro de la administración municipal.
Finalmente, el 10 de septiembre de 2020, la situación dio un giro inesperado cuando el entonces alcalde Quintero defendió públicamente la transacción como parte de un plan para desarrollar el proyecto del Valle del Software, uno de los más importantes de su administración. Sin embargo, la decisión de modificar el uso del terreno, a pesar de las restricciones geológicas y la falta de claridad en las negociaciones, suscitó más dudas que respuestas. El valor del lote comenzó a elevarse, y la administración de Quintero, a través de funcionarios como Carlos Mario Montoya, comenzó a presionar por una revalorización del predio y una compra a favor de los dueños originales.
A medida que el caso Aguas Vivas avanza, las pruebas apuntan a que este escándalo es solo un ejemplo de cómo los intereses privados, las negociaciones oscuras y el poder político se entrelazan para manipular el destino de los recursos públicos. A medida que el exalcalde Quintero y otros implicados se enfrentan a la justicia, la ciudadanía espera que este caso sirva de lección sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.