La violencia desbordada en el Catatumbo, una región de Norte de Santander caracterizada por la presencia de diversos grupos armados ilegales, ha alcanzado niveles tan alarmantes que el gobierno nacional ha optado por declarar el estado de conmoción interior. Esta medida, a través del decreto legislativo 0064 de 2024, busca restablecer el orden y garantizar la seguridad en una subregión marcada por el conflicto armado y la disputa territorial entre actores como el ELN, las disidencias de las FARC, y otros grupos como el Clan del Golfo y Los Pelusos. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a la Corte Constitucional que deje en firme este decreto, argumentando que se ajusta a los principios de la Constitución Política y es necesario para enfrentar la grave perturbación del orden público.
El Procurador General, Gregorio Eljach, en su concepto enviado a la Corte, resalta que las medidas adoptadas por el gobierno están alineadas con el marco constitucional y son una respuesta proporcional ante la escalada de violencia que afecta no solo a los habitantes del Catatumbo, sino también a los municipios cercanos de Cúcuta, Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Según Eljach, este decreto es una herramienta legal adecuada para enfrentar los graves riesgos a la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana que se derivan de la intensificación del conflicto armado en la región.
El Catatumbo, históricamente un escenario de conflicto, ha sido testigo de cómo distintas facciones armadas han disputado su control, sumiendo a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. La región ha sido, además, uno de los puntos más críticos de la violencia en Colombia, debido a su ubicación estratégica y a las riquezas naturales que alberga. La intervención de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, y las bandas criminales asociadas al narcotráfico ha intensificado los enfrentamientos, dejando a las comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado.
La declaración de conmoción interior otorga al gobierno facultades extraordinarias para actuar en esta situación de emergencia. Entre las medidas contempladas se encuentran el fortalecimiento de la presencia militar y policial, la suspensión de derechos como la libertad de reunión o de locomoción, y la autorización para realizar intervenciones más directas en la región. Sin embargo, estas medidas excepcionales, aunque necesarias desde el punto de vista de la seguridad, también plantean interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en una situación de esta magnitud.
La Procuraduría ha defendido que el decreto cumple con un “test leve de proporcionalidad”, lo que implica que las acciones tomadas son razonables en relación con la gravedad de la situación que enfrenta la región. Al permitir al Estado hacer uso de sus recursos en la protección de la población, se asegura la continuidad de los servicios públicos esenciales, como el acceso a la salud, la educación y la seguridad alimentaria, que se han visto gravemente afectados desde que comenzó el recrudecimiento de la violencia a principios de 2024.
En este contexto, el gobierno también ha reconocido la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura institucional en la región para brindar respuesta a la población afectada. Sin embargo, no se puede pasar por alto que, a pesar de la magnitud de los esfuerzos, los desplazamientos forzados, los asesinatos y las amenazas continúan siendo una constante en el Catatumbo, lo que pone en evidencia que el control del orden público en la región sigue siendo un desafío formidable para las autoridades.
Es importante señalar que el decreto de conmoción interior no es una solución definitiva al conflicto en el Catatumbo, sino una medida temporal ante la emergencia. La situación en la región demanda un enfoque integral que combine la seguridad con el desarrollo social y económico. A largo plazo, es necesario que el Estado avance en una estrategia que, además de garantizar la seguridad, también promueva la paz, el respeto por los derechos humanos y la inclusión de las comunidades en la construcción de una región libre de violencia.
La decisión final de la Corte Constitucional será determinante no solo para el futuro del decreto en cuestión, sino también para la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la capacidad del gobierno para enfrentar de manera efectiva los retos del conflicto armado en el país. Mientras tanto, la situación en el Catatumbo sigue siendo una de las más complejas del posconflicto colombiano, y la implementación de medidas como la conmoción interior puede ser vista tanto como una necesidad como una advertencia de que aún queda mucho por hacer para superar las secuelas de décadas de violencia.