En lo que va del año 2024, el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales ha experimentado un incremento alarmante. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que el número de casos ha ascendido a 463, lo que representa un aumento superior al 150% respecto a las cifras de 2023. Este fenómeno pone en evidencia una crisis humanitaria de proporciones devastadoras que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables del país, especialmente en las regiones rurales, donde los grupos armados ejercen un control territorial casi absoluto.
Inicialmente, el reporte de la Defensoría registró 409 casos de reclutamiento forzado, pero, tras un seguimiento más exhaustivo, se verificó que la cifra real es aún más alta. Este aumento no solo refleja el incremento en la violencia de los grupos armados, sino también la dificultad de obtener datos precisos debido al temor que sienten las comunidades para denunciar estos hechos. En muchos casos, las familias prefieren guardar silencio para evitar represalias o la posibilidad de que otros miembros de la familia sean secuestrados por los grupos armados.
La situación es aún más grave cuando se considera el perfil de las víctimas. De los 463 casos reportados, 230 corresponden a niños y niñas indígenas, lo que pone en evidencia la extrema vulnerabilidad de las comunidades indígenas en Colombia. Estos pueblos, que ya enfrentan una situación de marginalización histórica, son ahora blancos frecuentes de las organizaciones armadas, que los ven como mano de obra fácil para sus fines bélicos. Esta realidad refleja la profundidad de la crisis humanitaria y la indiferencia del Estado frente a las problemáticas estructurales que afectan a estas poblaciones.
El reclutamiento forzado no es un fenómeno aislado ni reciente. En la actualidad, las disidencias de las antiguas Farc, particularmente el Estado Mayor Central, son responsables de la mayoría de los casos de reclutamiento, con 170 menores involucrados. Le siguen las disidencias no especificadas, que suman 165 casos, y otros actores armados como el Clan del Golfo, el ELN, y la Segunda Marquetalia, que también siguen reclutando niños y jóvenes para sus actividades criminales. Esta diversidad de grupos involucrados refleja la magnitud y la complejidad del problema, que no se limita a una sola organización, sino que abarca a varios actores armados que operan en distintas regiones del país.
El departamento del Cauca se ha consolidado como la zona más afectada por este delito, con 325 casos registrados hasta la fecha. Esta cifra es un reflejo de la situación de violencia y control territorial que ejercen los grupos armados en el suroeste colombiano. Otras regiones también han reportado altos índices de reclutamiento, como Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila, lo que confirma que el fenómeno no es exclusivo de una zona del país, sino que se extiende por diversas áreas del territorio nacional.
Lo que más alarma de este fenómeno es la escasa respuesta del Estado frente a este flagelo. A pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos, el reclutamiento de menores sigue siendo una práctica recurrente y profundamente arraigada en las regiones donde los grupos armados tienen mayor presencia. La situación empeora al considerar que el miedo y la intimidación a las familias dificultan la denuncia de estos hechos, lo que impide una verdadera lucha contra la impunidad y la criminalidad.
Además, la vulnerabilidad de los niños y adolescentes reclutados se ve intensificada por las condiciones de vida en las que se encuentran. La mayoría de estos menores son obligados a participar en actividades bélicas, sometidos a una violencia sistemática que marca de por vida su desarrollo físico y psicológico. Muchos de ellos pierden la oportunidad de acceder a una educación de calidad y quedan atrapados en un ciclo de violencia que limita sus posibilidades de tener un futuro diferente.
El reclutamiento de niños y adolescentes es un crimen que transgrede todos los principios de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los niños y niñas de Colombia, y esto debe ir más allá de las políticas de seguridad, incluyendo programas de prevención, atención a las víctimas y sanciones a los responsables. La comunidad internacional también debe poner de su parte, presionando para que el gobierno colombiano implemente medidas más efectivas para erradicar este grave problema que afecta el futuro de las nuevas generaciones.