En una noche marcada por la tensión y la necesidad de dar respuestas urgentes a las crisis internas que atraviesa el país, el presidente Gustavo Petro ofreció este lunes una nueva transmisión de su Consejo de Ministros, en la que expuso los avances y retos del gobierno frente a algunos de los temas más sensibles de su agenda. En esta ocasión, el mandatario se centró en dos puntos clave: el tratamiento de los decretos de conmoción interior en el Catatumbo y las medidas para sustituir cultivos ilícitos en las zonas rurales. Aunque el evento estuvo marcado por la ausencia de figuras clave, como la vicepresidenta Francia Márquez, y por la notoria quietud que acompañó la intervención presidencial, las promesas de Petro resuenan con fuerza, pero también generan interrogantes sobre su viabilidad y efectividad.
El contexto de la alocución estuvo determinado por la situación crítica que vive el Catatumbo, una región que se ha convertido en uno de los epicentros del conflicto armado colombiano, con un saldo aterrador de más de 55.000 desplazados y 60 muertos debido a los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN. En este contexto, Petro anunció la declaración de conmoción interior en la zona, una medida que permite al Ejecutivo tomar decisiones sin pasar por el Congreso durante un período de 90 días, con revisión posterior de la Corte Constitucional. La magnitud de la crisis, sin embargo, plantea una pregunta central: ¿será suficiente esta medida para revertir una situación tan compleja?
El presidente Petro fue enfático en señalar la gravedad de la situación, al calificar la crisis del Catatumbo como un “peligro inminente para la soberanía nacional”. En sus palabras, la recuperación de la región es una prioridad estratégica, no solo por las implicaciones humanitarias, sino también por las preocupaciones sobre la injerencia del régimen venezolano, al que acusa de ser cómplice de los grupos armados que operan en la frontera. A su juicio, la restauración de la paz en el Catatumbo es fundamental no solo para la seguridad de Colombia, sino también para la estabilidad regional.
Más allá de las palabras, el desafío para el Gobierno es garantizar que las medidas anunciadas tengan un impacto real en el terreno. Los decretos de conmoción interior, por ejemplo, confieren al gobierno una gran capacidad de acción, pero también suscitan dudas sobre el control efectivo que puede ejercer el Estado sobre una región históricamente afectada por la violencia y el narcotráfico. Si bien la declaración de conmoción puede ser vista como una respuesta urgente ante la emergencia, los antecedentes de intervenciones similares han mostrado que las soluciones a largo plazo requieren más que decretos y resoluciones administrativas.
En paralelo, el Gobierno también presentó su compromiso con los campesinos de la región, a quienes se les ofrecerá una compensación mensual de $1.280.000 para sustituir los cultivos de uso ilícito. Esta promesa, si se cumple, podría ser una medida positiva en la búsqueda de una solución integral al problema del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, la historia reciente de programas similares, que han enfrentado dificultades en su implementación, invita a la cautela. La pregunta es si este apoyo económico será suficiente para que los campesinos puedan reorientar sus vidas y sus cultivos hacia actividades legales y sostenibles, o si simplemente terminará siendo un paliativo en un entorno donde la economía ilícita sigue siendo una opción más lucrativa.
La política de paz total anunciada por el presidente Petro es otro de los ejes de su propuesta para el Catatumbo. Sin embargo, más allá de la retórica, el proceso de paz en esta región enfrenta desafíos estructurales enormes. Para que la paz se materialice de manera efectiva, será necesario más que un “proceso paralelo” de diálogo; se requiere un compromiso real de las partes involucradas y un plan concreto que supere las profundas desigualdades y violencias que han alimentado el conflicto durante décadas. En este sentido, las promesas del presidente Petro parecen más un llamado a la esperanza que una garantía de éxito inmediato.
Es relevante también el contexto político en el que se dan estas promesas. La ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, quien recientemente dejó su cargo como ministra de Igualdad y Equidad, no pasó desapercibida. La especulación sobre su posible alejamiento del gobierno, y su aparente incomodidad con Petro, añade una capa de incertidumbre a un gobierno que, a pesar de su enfoque inclusivo, enfrenta fisuras internas. Si las diferencias entre los miembros del gabinete se profundizan, podría complicarse la capacidad del Gobierno para implementar con éxito políticas como las anunciadas para el Catatumbo.
La crítica, además, no se limita a los temas de cohesión interna del Gobierno. Los analistas apuntan que la paz y la seguridad en Colombia no se pueden lograr solo mediante medidas excepcionales como los decretos de conmoción interior. Se necesita una transformación profunda de las estructuras sociales y económicas, especialmente en las zonas rurales. Las promesas de Petro, aunque bien intencionadas, no pueden hacer caso omiso de la complejidad del conflicto colombiano, que involucra no solo a los actores armados, sino también a la población civil atrapada en la violencia, la pobreza y la desigualdad.
En conclusión, las promesas del presidente Petro sobre el Catatumbo y la sustitución de cultivos ilícitos reflejan una ambición por cambiar la realidad de la región, pero su viabilidad dependerá de muchos factores, incluidos el compromiso político, la capacidad del Estado para implementar los acuerdos y, sobre todo, la voluntad de los actores involucrados. En el trasfondo de estos anuncios, persiste una duda fundamental: ¿serán los esfuerzos del gobierno suficientes para superar las viejas estructuras de violencia y garantizar una paz duradera, o serán solo otro intento fallido de solucionar un problema complejo con respuestas superficiales? El tiempo lo dirá.