Durante más de dos décadas, la red de corrupción que protegió a “Papá Pitufo”, el hombre detrás de una de las operaciones de narcotráfico más sofisticadas y devastadoras entre Colombia y Líbano, se mantuvo activa sin que las autoridades lograran poner fin a su imperio ilícito. Esta red, integrada por funcionarios de diversas instituciones del Estado y organismos internacionales, permitió que la cocaína colombiana llegara a mercados como el Medio Oriente y África, en complicidad con grupos terroristas como Hezbolá. Sin embargo, a pesar de los informes confidenciales y las alertas tempranas, la captura de los responsables llegó tarde, dejando una serie de preguntas sin respuesta sobre la impunidad y la infiltración de las estructuras de poder.
El caso comenzó a tomar forma en 2014, cuando el entonces director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, alertó a la DEA estadounidense y al MI6 británico sobre la exportación de ganado contaminado con cocaína. Los narcotraficantes, aprovechando la exportación legal de ganado a mercados como Líbano, idearon una estrategia de contrabando sofisticada, camuflando toneladas de droga en embarques de animales destinados a África y Oriente Medio. Los informes eran claros: las Farc y otros grupos ilegales estaban detrás de esta red, moviendo armas y cocaína para financiar a Hezbolá, pero la información, aunque sensible, parecía caer en oídos sordos por años.
El primer gran golpe contra esta red se dio en 2023, casi una década después de las primeras alertas, cuando en el puerto Las Palmas de Gran Canaria, en España, se requisó el buque Orión V, que viajaba entre Cartagena y Beirut. A bordo del barco, las autoridades encontraron 4,5 toneladas de cocaína ocultas entre las 1.750 cabezas de ganado que transportaba, lo que desató una serie de investigaciones que finalmente apuntaron al narcotraficante Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este hombre, aparentemente un próspero comerciante de textiles, había logrado mantener su fachada durante años mientras dirigía una red que, desde Colombia, enviaba toneladas de cocaína hacia el Líbano y otros destinos internacionales.
Uno de los grandes enigmas de este caso es cómo un hombre como “Papá Pitufo”, cuya influencia y recursos eran vastos, logró operar con tanta impunidad. Según exfuncionarios, la red de protección que le permitió operar durante más de 20 años no solo involucró a delincuentes comunes, sino también a funcionarios públicos de alto rango, incluyendo agentes de la DEA, la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía, y la Dian. Estos funcionarios, que deberían haber detenido el crimen organizado, fueron en muchos casos cómplices directos del narcotráfico, facilitando el paso de cargamentos ilegales a través de los puertos más importantes de Colombia, como Buenaventura y Cartagena.
Un caso emblemático dentro de esta red de corrupción es el del exagente de la DEA, José Ismael Irizarry, quien, en lugar de combatir el narcotráfico, terminó convertido en socio de “Papá Pitufo”. Irizarry, durante su tiempo en Cartagena, fue seducido por el lujo y el poder de Marín Buitrago, quien lo cooptó mediante sobornos y lujos. El exagente y su esposa terminaron desviando fondos de la DEA para financiar operaciones ilícitas, lo que resultó en su condena en 2021 a 12 años de prisión. Esta traición a su deber de servir a la justicia es solo un reflejo de la magnitud de la infiltración de las redes criminales en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país.
El alcance de “Papá Pitufo” no se limitó a Cartagena; Buenaventura, uno de los puertos más importantes de Colombia, también se convirtió en un centro de operaciones para su red de contrabando y narcotráfico. Con el control de estos puntos clave, Marín Buitrago logró mantener su negocio de exportación de cocaína camuflada en productos legales como ganado, textiles y maquinaria. A pesar de las investigaciones en su contra, “Papá Pitufo” seguía operando con total libertad, gracias al respaldo de funcionarios corruptos y la falta de coordinación entre las agencias internacionales que podían haber frenado su ascenso.
La pregunta que surge con esta revelación es por qué las autoridades permitieron que una operación de tal magnitud siguiera su curso durante tanto tiempo. Las respuestas apuntan a una combinación de desinterés, complicidad y falta de acción. En un país donde el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores problemas de seguridad, es alarmante cómo la corrupción dentro de las mismas instituciones encargadas de frenar estos delitos permitió que los responsables siguieran operando sin ser tocados por la justicia. Este caso deja al descubierto las grietas en el sistema de seguridad y la necesidad urgente de reformas profundas en las agencias encargadas de combatir el crimen organizado.
Mientras las autoridades colombianas, con el apoyo de agencias internacionales, continúan con las investigaciones y la búsqueda de los cómplices restantes, “Papá Pitufo” permanece en prisión en Portugal, luchando contra su extradición a Colombia. Su captura, finalmente, ha puesto al descubierto una red de corrupción que durante años permitió que una de las mayores operaciones de narcotráfico entre Colombia y Líbano prosperara sin que nadie interviniera. Lo que queda claro es que este caso no solo es un ejemplo de la habilidad del crimen organizado para infiltrarse en las instituciones del Estado, sino también un recordatorio de la necesidad de erradicar la corrupción que facilita este tipo de operaciones y pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.