El conflicto armado en la región del Catatumbo, que comenzó el 15 de enero, ha dejado una estela de dolor, desplazamiento y muerte que no cesa. A un mes de la escalada violenta entre las disidencias de las Farc y el ELN, la situación sigue empeorando. Las disputas territoriales y el control de los negocios ilícitos, principalmente el narcotráfico, se han convertido en la principal fuente de violencia, arrastrando a miles de personas hacia el abismo de la desesperación. En las últimas semanas, las cifras de muertos y desplazados han aumentado drásticamente, alcanzando los 60 muertos y más de 53.630 desplazados.
El Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander, encargado de monitorear la crisis, ha reportado que, además de las muertes, 21.211 personas se encuentran confinadas por el temor a ser atrapadas en medio del fuego cruzado. La situación de incertidumbre es extrema, pues los enfrentamientos no cesan y los actores armados imponen su ley en cada rincón de la región. En municipios como Tibú, los miembros de los grupos armados visitan casa por casa, exigiendo a los habitantes abandonar sus hogares para evitar quedar en medio de los combates, especialmente en barrios como Largo, Bertrania y Paloquemado.
El origen de esta nueva fase de violencia se encuentra en la ruptura de un pacto de no agresión entre las disidencias y el ELN, el cual había permitido cierto equilibrio en la zona, especialmente en lo relacionado con la distribución del negocio de la coca. Sin embargo, la masacre de un prestador de servicios funerarios, su esposa y su hijo de ocho meses mientras transitaban por las vías de Tibú, fue el detonante de una espiral de enfrentamientos sanguinarios. Este hecho marcó el inicio de una guerra abierta que, según los expertos, no parece tener fin en el corto plazo.
Desde noviembre del año pasado, líderes sociales y la Defensoría del Pueblo ya habían advertido sobre el creciente riesgo de violencia, pues la disputa por el control del negocio cocalero era inminente. A partir de 2021, el descenso en los precios de la hoja de coca había llevado a las organizaciones armadas a firmar una tregua para repartirse el territorio y permitir la entrada de compradores. Sin embargo, a finales de 2024, los precios de la cocaína se dispararon, lo que terminó por romper la frágil paz entre las guerrillas. La codicia por las ganancias ha generado una guerra imparable por el control del Catatumbo.
Las consecuencias humanitarias son devastadoras. Más de 3.900 personas han tenido que refugiarse en alojamientos temporales, mientras que un número considerable de combatientes, hasta ahora 119, han optado por la desmovilización para escapar de los combates. Aunque la desmovilización es un resquicio de esperanza en medio del caos, el costo humano de esta guerra es incalculable, con miles de personas atrapadas entre dos fuegos, temiendo por sus vidas y por el futuro de sus familias.
Además, la crisis ha comenzado a afectar otras regiones, con temores de que la violencia se extienda. Recientemente, se hallaron explosivos con las insignias del ELN en sectores cercanos a Cúcuta, lo que sugiere que la guerrilla está ampliando su accionar bélico en áreas más urbanas, como Urimaco y Astilleros. Este hecho ha encendido las alarmas en el Gobierno y las autoridades locales, que temen una posible incursión del ELN en el área metropolitana de la ciudad.
El gobierno nacional, en un intento por controlar la situación, declaró la conmoción interior en la región, pero esta medida parece insuficiente para frenar la violencia desbordada. Mientras las fuerzas del orden se enfrentan a la difícil tarea de contener a los grupos armados, la población civil sigue siendo la mayor víctima. La crisis en el Catatumbo pone en evidencia la fragilidad del proceso de paz y la persistencia de las economías ilícitas como motor de los conflictos armados en Colombia.
Lo que ocurre en Catatumbo no es solo un conflicto local; es un reflejo de los problemas estructurales que siguen alimentando la violencia en Colombia. La lucha por el control del territorio, la expansión de los cultivos de coca y el debilitamiento de los acuerdos de paz son factores que agravan una crisis humanitaria que parece no tener fin. La región sigue atrapada en un ciclo de violencia, con miles de personas desplazadas y sin un horizonte claro de solución. La situación sigue siendo crítica, y el futuro del Catatumbo, como el de tantas otras regiones del país, continúa siendo incierto.