En un caso que ha sacudido la conciencia de la sociedad antioqueña, Edwin Antonio Correa Martínez fue condenado por la muerte de un hombre en Medellín, tras inyectarle biopolímeros en un procedimiento estético no autorizado. El condenado, quien se hacía pasar por profesional de la salud, aplicó una sustancia líquida en los glúteos de la víctima, lo que resultó en complicaciones graves que llevaron a su fallecimiento horas después, en diciembre de 2020. La tragedia, que ocurrió en una vivienda del barrio Buenos Aires, pone nuevamente sobre la mesa la peligrosidad de los tratamientos estéticos realizados fuera del ámbito clínico y sin la debida formación profesional.
El hombre fallecido sufrió una embolia pulmonar grasa, una de las consecuencias más serias de la inyección de biopolímeros, sustancias que, aunque usadas en algunos procedimientos médicos, tienen graves riesgos cuando son administradas sin el control de un especialista en un entorno adecuado. La autopsia y las pruebas realizadas al cuerpo confirmaron que la muerte fue provocada por esta inyección, lo que evidenció la fatalidad del acto. La Fiscalía General de la Nación condujo la investigación, que permitió identificar al responsable del procedimiento, quien no solo carecía de la formación necesaria, sino que además realizaba estos tratamientos de manera ilegal.
El procedimiento de Correa Martínez no fue realizado en una clínica autorizada, sino en una casa particular, un escenario que evidencia la creciente preocupación por los llamados “clínicas de garaje” que proliferan en varias ciudades del país. Estos lugares, que operan sin los permisos adecuados y sin el personal calificado, han causado numerosas tragedias en Colombia, generando una alarma por la falta de control sobre los servicios estéticos y médicos informales. Los pacientes, como en este caso, son víctimas de la desinformación y el engaño, creyendo que están recibiendo un servicio profesional cuando, en realidad, están poniendo en riesgo su vida.
Edwin Antonio Correa Martínez, a pesar de hacerse pasar por un experto en estética, no tenía formación médica ni autorización para realizar procedimientos quirúrgicos. Este hecho pone de relieve una grave realidad: el mercado informal de la salud sigue siendo un terreno fértil para el ejercicio de personas sin escrúpulos, que abusan de la falta de regulación y de la desesperación de quienes buscan mejorar su apariencia sin tener acceso a procedimientos adecuados y seguros. La condena a Correa Martínez, quien fue imputado por homicidio simple, resulta en un recordatorio sombrío de las consecuencias de este tipo de actos.
Tras el juicio, Correa Martínez fue condenado a 47 meses de prisión (tres años y 11 meses), pero se le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Según la ley, esta suspensión se concede bajo ciertas condiciones, como que la pena no supere los cuatro años de prisión, que el condenado no tenga antecedentes penales y que no haya sido condenado previamente por ciertos delitos. Esta decisión ha generado cierta controversia, ya que algunos consideran que la pena impuesta no refleja la gravedad del delito cometido, especialmente tratándose de una muerte que pudo haberse evitado con un mínimo de responsabilidad profesional.
La condena, aunque breve, resalta la urgente necesidad de fortalecer la regulación sobre los procedimientos estéticos y médicos en Colombia. El caso de Edwin Antonio Correa Martínez no es un incidente aislado; se suma a una creciente lista de muertes y daños causados por tratamientos estéticos realizados sin control. Este caso debería servir como un llamado a las autoridades para implementar políticas más estrictas y eficaces que protejan a los ciudadanos de estos riesgos.
Las víctimas de procedimientos estéticos mal realizados son, lamentablemente, un recordatorio de la importancia de contar con profesionales calificados y entornos médicos adecuados. A medida que la estética se convierte en una industria cada vez más lucrativa, es esencial que la sociedad y las instituciones no bajen la guardia frente a los peligros de los tratamientos ilegales e inseguros. La justicia en este caso es un paso importante, pero la prevención de futuras tragedias será la verdadera victoria para los ciudadanos de Medellín y de todo el país.
El caso de Correa Martínez debe ser una advertencia tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. La búsqueda de un cuerpo perfecto no debe poner en peligro la vida ni la salud de las personas. Es hora de que las autoridades colombianas tomen cartas en el asunto y garanticen que este tipo de tragedias no se repitan. La vida de los colombianos merece ser protegida, especialmente cuando se trata de decisiones tan delicadas como las que afectan nuestra salud y bienestar.