El espectro político colombiano fue testigo de un nuevo capítulo en la ya extensa confrontación entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. En medio del juicio que enfrenta Uribe por su presunta relación con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un cruce de declaraciones cargadas de acusaciones y recriminaciones.
Uribe, con su estilo directo y combativo, arremetió contra Santos, a quien acusó de haber recibido dineros ilícitos en su campaña, de encubrir el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de haber entregado el país a la guerrilla con el acuerdo de paz con las extintas Farc. Sus palabras, lejos de ser diplomáticas, reflejan el tono con el que ha enfrentado a sus detractores a lo largo de su carrera política.
Por su parte, Santos respondió con un mensaje que combinó firmeza y reproche, instando a su predecesor a no desviar la atención de su proceso judicial mediante confrontaciones públicas. “No busque peleas para evadir su caso”, sentenció el exmandatario, dejando claro que, desde su perspectiva, el debate político no debe ser utilizado como una estrategia para deslegitimar la justicia.
La confrontación no tardó en escalar con la intervención del expresidente Iván Duque, quien se sumó a la defensa de Uribe. Duque, que fue elegido bajo el manto del uribismo, reafirmó la tesis de su mentor y denunció lo que considera una persecución política contra el exmandatario. En su intervención, no solo respaldó a Uribe, sino que también arremetió contra el proceso de paz, argumentando que fortaleció el narcotráfico en el país.
Más allá de las acusaciones personales, este enfrentamiento reabre viejas heridas en la política nacional. La seguridad, el narcotráfico y la implementación del acuerdo de paz siguen siendo temas divisivos en la opinión pública, generando posturas irreconciliables entre quienes defienden la estrategia de seguridad democrática de Uribe y aquellos que consideran que el proceso de paz liderado por Santos fue el camino correcto.
El debate también pone en evidencia la profunda polarización en la sociedad colombiana. Mientras un sector sigue viendo en Uribe un líder que combatió con firmeza a los grupos armados ilegales, otro lo percibe como un político que ha evadido responsabilidades en asuntos sensibles de la historia reciente del país. De igual manera, Santos es para algunos el artífice de la paz, mientras que para otros representa la claudicación del Estado ante el crimen.
Lo cierto es que, más allá de los dardos cruzados entre los expresidentes, el proceso judicial de Uribe avanza y promete convertirse en un hecho sin precedentes en la política colombiana. Su desenlace no solo definirá el futuro legal del exmandatario, sino que también tendrá repercusiones en el panorama electoral y en la estabilidad política del país.
En un país marcado por una historia de confrontaciones, la disputa entre Uribe y Santos no es solo un choque de personalidades, sino un reflejo de las profundas divisiones que persisten en Colombia. En este contexto, la justicia tiene la tarea de actuar con independencia y garantizar que las decisiones que se tomen no respondan a presiones políticas, sino a la verdad y el debido proceso.